El Gobierno de México está involucrado en dos Conflictos Armados No Internacionales contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Además, la violencia entre dichos carteles también se clasifica como tal, acusa la Geneva Academy (GA).
La GA tiene como objetivo la clasificación mundial independiente de conflictos armados según el derecho internacional.
Se cataloga un Conflicto Armado No Internacional (CANI) con dos requisitos: el nivel de violencia armada debe alcanzar un grado de intensidad que vaya más allá de los disturbios internos y al menos una de las partes debe ser un grupo armado no estatal que debe exhibir un cierto nivel de organización.
Es así como tres conflictos armados simultáneos provocan que en varias partes del país se viva un verdadero estado de guerra, pero no es tema de las mañaneras. Pasa de largo.
La creación de la Guardia Nacional, la militarización, la liberación del hijo del Chapo Guzmán luego del alarde del poderío del CS y el sitio de Culiacán, el armamento, las incursiones del CJNG, los asesinatos dirigidos, atentados, masacres, son ejemplos de la escalada del conflicto.
Otros CANI tienen lugar en Senegal, Congo, Mali, Nigeria, Colombia, Tailandia, Myanmar, Filipinas, Sudán, Sudán del Sur, India, Afganistán, Pakistán, Yemen, Ucrania, Libia, Egipto, República Centroafricana, Turquía, Irak y Siria. Una perla de lista de la GA.
¿Y qué consecuencias tiene ser un CANI ? Todas las partes en conflicto deben respetar los Convenios de Ginebra de 1949, las llamadas leyes de la guerra.
Se obliga a diferenciar entre combatientes y civiles quienes no pueden ser blanco de ataques. Prohíbe el asesinato, mutilación, tortura, toma de rehenes, escudos humanos, juicios injustos, ataques a hospitales, escuelas, avenidas o lugares a los que acude la población.
Las partes están obligadas por el Derecho Internacional Humanitario de cuyas violaciones el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) mantiene una extensa base de datos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede quejar, la GA ha catalogado la situación en México como CANI desde 2017, pero un informe de la CMDPDH sostiene que este tipo de conflicto data desde 2007, con “un aumento alarmante de víctimas civiles’’.
A pesar de “los abrazos, no balazos’’ y de hacer las paces con la madre del Chapo, AMLO es responsable de la situación, como lo fueron en su momento Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Así que de existir una denuncia, como es el caso de los expresidentes en la Corte Penal Internacional (CPI), habría que rendir cuentas.
Esta clasificación independiente es esencial ya que tiene implicaciones de gran alcance, como la comisión de crímenes de guerra o el trabajo del CICR.
A la luz del derecho es una prueba objetiva y no una decisión dejada a las naciones o cualquier organismo, ni siquiera al Consejo de Seguridad de la ONU. Y facilita la rendición de cuentas en tribunales como la CPI.
¡Y justo ahora la 4T está interesada en que la embajadora ante la ONU en Ginebra ocupe una de las sillas como juez en la CPI!
“México presenta la candidatura de la jurista Socorro Flores Liera para ocupar una de las seis vacantes disponibles al cargo de magistrado de la Corte Penal Internacional, en las elecciones que tendrán lugar en la sesión de los Estados Partes del Estatuto de Roma, en Nueva York, del 7 al 17 de diciembre de 2020”, dice la nota de la cancillería.
En momentos en que México se hunde en un conflicto armado de calibre colombiano, aumentan de manera escandalosa los asesinatos con 58 mil desde que AMLO tomó el poder, se agudiza la violencia y la militarización del país, sería muy oportuno tener una mano amiga en la Corte de La Haya que pueda dilucidar por dónde vienen los tiros. ¿A poco no?