Gabriela Sotomayor

La balacera para dispersar la manifestación de feministas en Cancún es imperdonable y llama a la reflexión sobre lo que podría ocurrir a mayor escala si se llega a disponer de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Es preocupante que los policías usaran armas de fuego y es incomprensible el papel de la Guardia Nacional que, al parecer, jugó de observadora dejando que la represión siguiera su curso sin tratar de evitar las detenciones arbitrarias que tuvieron lugar la noche del 9 de noviembre.

Lo sucedido en Cancún invita a revisar la carta enviada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la que expertos de la ONU piden explicaciones con motivo del Acuerdo publicado en mayo del 2020 por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública.

La carta firmada por el  Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada, la relatora Especial para Ejecuciones Extrajudiciales Agnes Callamard, el relator Especial sobre Derechos a la Libertad, Manifestación Pacífica y Asociación Clement Nyaletossi Voule y el relator Especial sobre Tortura, Nilz Melzer, expresa su alarma por dicho Acuerdo, además de la inminente militarización de la policía.

En vista de que el Acuerdo estará en vigor hasta el 27 de marzo del 2024, piden a Palacio Nacional “modificar o anular’’ aspectos para alinearlo “con las obligaciones internacionales del Estado’’.

Argumentan que la Guardia Nacional actúa “de facto’’ como cuerpo militar ya que la mayoría de sus elementos son de las Secretarías de Defensa y de Marina, “en un contexto del uso sistemático de la fuerza por parte de las fuerzas armadas que implica la comisión de delitos como tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales’’.

Hablan de “ambigüedad de conceptos’’ en dicho Acuerdo especialmente en cuanto a la Ley del Uso de la Fuerza ya que “la regulación presenta deficiencias y omisiones legislativas respecto al régimen de transparencia, investigación y rendición de cuentas’’.

Con respecto el rol del Ejército en la protesta social y el uso de la fuerza contra “actos de resistencia’’ en el país, los expertos de la ONU advierten que se pueden generar las condiciones para que actúen “con normas diferentes para el uso de la fuerza’’.

A ello se suma que no hay suficientes mecanismos legales ni protocolos sobre el uso de la fuerza conforme a “estrictos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad’’, cita el texto (9-10-20).

Deploran que se otorgan amplias funciones a los militares en las manifestaciones “que obstaculizan el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación’’.

No se puede pasar por alto lo que sucedió en Cancún cuando policías envalentonados disparan “al aire’’ sin el menor reparo. Es necesario que se lleve a cabo una investigación exhaustiva porque si queda en la impunidad puede alentar a que en otras protestas la propia Guardia Nacional o el Ejército abran fuego contra la población.

Cuando los ánimos están caldeados la mecha es muy corta y la tentación por el uso de la fuerza letal es mayor.

“Como expertos de Naciones Unidas reiteramos nuestra preocupación por el contexto de inseguridad, violencia e impunidad prevaleciente en México’’, remarcan.

“Nos alarma que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer la comisión de graves violaciones’’, alertan los expertos de la ONU.

Antes de que México se hunda en el laberinto de la militarización, del uso de la fuerza y de que pueda desatarse una tragedia mayor a la de Quintana Roo, es urgente que la 4T cumpla con las obligaciones internacionales del Estado y con las Convenciones de las que es parte.

Más allá de lo que pasó en Cancún y de que haya rendición de cuentas porque se violó el derecho a la manifestación, sería imperdonable que alguien muera a manos de un militar por ejercer su derecho a protestar. Hay que poner un alto. 

Compartir