Expertos de la ONU han expresado de manera clara y contundente su rechazo a la militarización del país, pero al parecer sus recomendaciones parecen no tener ningún efecto. Es más, el peligroso “acuerdo” del presidente Andrés Manuel López Obrador las desconoce, como si no existieran.
Los convenios internacionales se pulverizan en las manos del Presidente.
En cada oportunidad AMLO culpa a los gobiernos pasados corruptos, neo-liberales, conservadores, por el grado de violencia, pero el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el carácter militarizado de la Guardia Nacional. Ahora le toca responder a la 4T.
México es parte del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos y un grupo de 18 expertos independientes de diversas nacionalidades revisaron el cumplimiento de dicho tratado.
La sustentación del informe fue liderada por la subsecretaria Martha Delgado especialista, por cierto, en temas ambientales.
Se llevaron a cabo dos sesiones intensas de francas preguntas y evasivas respuestas el 16 y 17 de octubre del año pasado. Difícil olvidar la fecha que coincidió con el operativo fallido para detener al hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa.
Yuval Shany, vicepresidente del Comité, interpeló al gobierno de AMLO sobre “la delicada cuestión del papel del ejército y las fuerzas del orden público’’.
Criticó que “al menos en términos de la cantidad de víctimas desde fuera parecería que no sólo no ha tenido un gran avance, sino que ha empeorado la situación de violencia’’.
El experto pidió informes “sobre las medidas que el Estado ha tomado para garantizar que esta Guardia Nacional esté bajo un control civil y cómo van a ir reduciendo el papel del ejército en el trabajo de la policía’’.
“Yo sé que ustedes han invertido muchos recursos en esa Guardia Nacional, pero mi pregunta es ¿no deberían invertir más bien en una fuerza policial adecuada?’’, lanzó el experto.
Shany recordó que el estado mexicano “dice que la GN tendría carácter civil y que simplemente a modo de transición estaría conformada por miembros de una policía de la armada, de la marina, pero la pregunta es ¿cuánto les va a llevar este proceso de transición?’’.
“¿Podrían proporcionar información específica de los esfuerzos paralelos para fortalecer la policía civil a nivel estatal?”, cuestionó.
A esta pregunta puntual, la 4T no respondió.
En sus conclusiones el Comité expresó preocupación por las “altas y crecientes” tasas de homicidios, los reportes sobre ejecuciones extrajudiciales y los índices de letalidad que se registran en el país. El reclamo fue en 2019, este año las cifras de violencia han rebasado todos los récords.
La ONU, urgió a AMLO “alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la GN como institución civil y a establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana’’.
Además, el Comité deploró algunas de las disposiciones contenidas en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza publicado en mayo de 2019 “que no cumplen con lo establecido en el Pacto sobre el derecho a la vida”.
Acusó que “dicha Ley no establece criterios claros sobre los supuestos en que está permitido el uso de la fuerza letal”.
Finalmente, con respecto a la impunidad urge que todos los casos de uso excesivo de la fuerza sean registrados e investigados de forma independiente, sean enjuiciados, se impongan condenas adecuadas a la gravedad de los hechos.
El gobierno de AMLO se pasea por los salones de la ONU en Ginebra prometiendo cambios al igual que los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sobre los niveles alarmantes de violencia y la presencia militar. No hubo y no habrá rendición de cuentas.
A sabiendas de lo que pasó en la guerra contra el narco AMLO ahoga al país y lo somete a la presencia de las botas militares con su espectacular “acuerdo’’ con el que al contrario de lo que recomienda la ONU, legaliza la militarización del país. No es la solución. Que conste.