Gabriela Sotomayor

Estados Unidos dio por terminada la guerra en Afganistán. El presidente Joe Biden celebró el regreso a casa de sus tropas después de una cruenta ofensiva que duró 20 años. Se perdieron miles de vidas en esta guerra sin sentido. Pero al comparar las cifras de ese conflicto con las de la violencia desatada en México en las últimas décadas, incluyendo lo que va del sexenio, los números son alarmantes.

Al ver la fotografía icónica del mayor general Chris Donahue quien fue el último al subir al avión C-17 que partió de Kabul, surge la reflexión sobre el costo humano de esta larga pesadilla para Washington. El pueblo afgano, en cambio, seguirá inmerso en un sueño dantesco salpicado de incertidumbre.

En 20 años murieron dos mil 461 soldados estadounidenses y mil 144 efectivos de las fuerzas de la OTAN a los que se suman tres mil 846 decesos de personas contratadas por EU. Por parte de Afganistán unos 66 mil militares y policías fallecieron a los que se suman 51 mil 191 muertos del Talibán, según cifras de las Universidades de Brown y Harvard. 

En cuanto a civiles afganos se estiman 47 mil 245 muertes a lo largo de dos décadas de guerra. Además 444 trabajadores humanitarios y 72 periodistas fueron víctimas de los enfrentamientos. En México, quizá por no querer aplicar las Convenciones de Ginebra los gobiernos en turno se han negado a reconocer que en varias zonas del país se vive un ambiente de guerra, pero a pesar de su ceguera, la Geneva Academy (GA), un instituto especializado en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), ha catalogado ciertas situaciones en el país como “conflicto armado no internacional’’.

En 2019 el portal de la GA sobre el Estado de Derecho en Conflictos Armados (RULAC por sus siglas en inglés) concluyó que el ejército mexicano y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “son partes de un conflicto armado no internacional’’.

En 2020, investigaciones posteriores del RULAC remarcan que el nivel de organización del Cártel de Sinaloa, así como la intensidad de la violencia contra las Fuerzas Armadas cumplía también con los criterios para catalogarlo “un conflicto armado no internacional’’, según el DIH. De ahí que ambas situaciones, “cumplen con la clasificación’’. Esto implica que se debe aplicar el DIH, además del derecho internacional de los derechos humanos, y que miembros de las fuerzas armadas mexicanas y ambos carteles pueden cometer crímenes de guerra. Esto también activa tratados de control de armamentos para los países que no están involucrados en el conflicto, explica el profesor Marco Sassòli, Director de la GA.

En México del 1 de diciembre de 2018 al 30 de agosto de 2021 se registraron 96 mil 881 víctimas de homicidio doloso, incluyendo feminicidios. Más que las bajas civiles durante toda la guerra en Afganistán.  En los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto se sumaron 234 mil víctimas de homicidio, que aunadas a los muertos de AMLO rebasan por mucho el total de muertos en Afganistán contando a soldados y civiles de todas las partes. A esto se agregan más de 90 mil desaparecidos. Números rojos de un país que no está en guerra.

Según cifras de Sedena que no han sido verificadas por organismos independientes, 582 militares fallecieron en acciones del combate al tráfico de drogas y armas de fuego desde diciembre de 2006 al presente año. En cuanto a los periodistas, del 2000 a la fecha han asesinado a 142, incluyendo a los 43 comunicadores fallecidos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). De ahí el peligro de ejercer el periodismo en México en donde no hay  grupos terroristas como ISIS, ni talibanes extremistas. Sólo narcos.

AMLO presume que “hay paz social y gobernabilidad” y que no hay confrontación con el crimen organizado. El presidente tiene “otros datos”, celebra que se redujo el número de homicidios y asegura que el país va viento en popa. Sin embargo, México se hunde en mares de sangre y de violencia sin reglas claras para los combatientes. Es peor que una guerra. 

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