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Simón Vargas

La protesta social no pasa por un buen momento en la actualidad, distintos gobiernos en el mundo han mostrado la dificultad de relacionarse con ella.

 

Después de que Sandino Bucio Dovalí reconociera su participación activa en algunos de los hechos violentos, que se han presentado en las últimas manifestaciones en la Ciudad de México por los 43 normalistas desaparecidos, se desató un intenso debate en medios de comunicación y redes sociales, ya que sí bien estas acciones no deben realizarse a pesar de pretender escudarse en el hartazgo social, la forma arbitraria y sin apego a protocolos de actuación en cómo fue detenido por policías federales es un hecho que desmerita gravemente el trabajo de investigación de la Procuraduría General de la Republica (PGR).

La justificación del estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM fue la gran indignación que manifiesta sentir ante la violencia e inseguridad en el país, sin embargo éste no puede ser un argumento válido de defensa para exigir justicia, sobre todo después de que las personas que generan violencia y causan daños han sido descalificados en su actuación por la inmensa mayoría de la sociedad, en contraste con el reconocimiento que se han generado los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que así mismo han realizado manifestaciones.

La protesta social no pasa por un buen momento en la actualidad, distintos gobiernos en el mundo han mostrado la dificultad de relacionarse con ella y han cometido, por acción o por omisión, violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan, explicaba el Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno publicado cinco meses antes del caso Ayotzinapa. http://bit.ly/15NIDd8

Las detenciones arbitrarias que parecieran al azar y la violencia excesiva en contra de hombres y mujeres e incluso niños durante las protestas, todo esto monitoreado y documentado en fotos, videos y testimonios por organizaciones pro derechos humanos, medios de comunicación y los mismos asistentes a las marchas, ha demostrado que lamentablemente México no es la excepción.

En el informe realizado por diez ONG entre las cuales se encuentran, Article 19, Fundar, Causa, Centro ProDH, se plantea que desde que comenzó la actual administración la protesta social ha sido criminalizada por la represión desproporcionada de los manifestantes: los sucesos ocurridos el 1 de diciembre de 2012 son muestra contundente, esto fue constatado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su Recomendación 07/2013 sobre las violaciones a derechos humanos en esta fecha. http://ow.ly/v4NVB.

Otras acciones que criminalizan la protesta social son la investigación y persecución penal del grupo social, con frecuencia dirigida hacia los líderes de los movimientos,  también implica la creación de sanciones administrativas y delitos en específico que posibilitan la persecución penal de grupos y personas y de sus acciones, que también alcanza a integrantes de medios de comunicación: según datos de Article 19 en el 2013 en promedio cada 26 horas fue atacado un periodista. http://ow.ly/v4KK4

El informe en referencia indica que cuando estos elementos se presentan “la criminalización de la protesta no es expresión del estado de derecho, detrás de ella hay una racionalidad política que no acaba por atender el problema detrás de los disensos públicos, y por el contrario lleva los conflictos de la esfera política al campo judicial, así se configura lo que se ha llamado la judicialización de los conflictos sociales”.

Este informe fue publicado en abril de 2014, sin embargo durante los dos últimos meses se han realizado varias marchas multitudinarias, algunas en fechas emblemáticas como el 20 de noviembre y la última este 1 de diciembre, en las cuales no han faltado los brotes violentos y actos vandálicos, como consecuencia las autoridades encargadas han realizado algunas detenciones.

No obstante los policías no han podido recabar la suficiente evidencia que respalde los delitos que se les imputan a las personas detenidas, algunos sumamente graves como terrorismo y crimen organizado, y cuando al parecer cuentan con los elementos para comprobar los delitos, como el caso de Sandino Bucio, la forma como se ejecutan las detenciones es el problema. Todo esto ha dado la sensación de que las autoridades actúan realizando atropellos y de manera arbitraria.

Está claro que la represión y criminalización de las protestas actuales no es la mejor estrategia para disiparlas, esto más la presencia de los incitadores a la violencia que afortunadamente han sido rechazados por la inmensa mayoría de los asistentes a las marchas, no han hecho más que aumentar la molestia de los manifestantes, es por ello tan importante que se reconozca plenamente que la protesta social es un derecho autónomo, indispensable de todas las sociedades democráticas.

Las recomendaciones de dicho informe son perfectamente aplicables para los tiempos actuales, cabe la pena destacar la siguiente: las administraciones tanto federal como estatal deben abstenerse de emitir medidas administrativas relacionadas con el espacio público, que no estén apegas a los criterios internaciones de derechos humanos sobre la materia tanto del sistema ONU como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los cuales nuestro país se ha comprometido.

 

 

*Analista en temas de  Seguridad, Educación y Justicia

simon.9@prodigy.net.mx

@simonvargasa

facebook.com/simonvargasa

 

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