Elena se bañó a toda prisa. Se vistió con sus desgastados pantalones de mezclilla y un viejo suéter blanco. Se hizo una rápida coleta porque ya había tocado al timbre su novio, Martín. Llevan saliendo varios meses, desde que se graduaron de la universidad. Y como sus empleos están cerca, diario pasa él, al departamento de ella y luego toman una Ecobici que los lleva al trabajo.
Y así como todos los días, ese lunes se subieron a sus bicicletas y emprendieron el camino. Pero esta vez, hubo un grave problema. El conductor de un camión de la Red de Transporte Público se pasó el alto y atropelló a Elena, quien murió en el sitio a los pocos minutos.
Se asignaron cuatro ministerios públicos a su caso. Los cuatro, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano, demostraron con pruebas periciales y de cinemática y de traumatismos y medicina legista y con fotografías tomadas en el sitio por agentes asignados, que la causa de la muerte de Elena, fue el atropellamiento.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la defensa del chofer argumentó que su cliente, no era el conductor de la unidad en ese momento. Y ninguno de los cuatro ministerios públicos, supieron ni pudieron demostrar lo contrario. ¿Por qué? Por no estar preparados ni capacitados en los nuevos juicios orales. Uno dijo que el nombre del chofer constaba en la carpeta de registro de salida del autobús de la RTP esa madrugada, pero no la llevaba consigo. Tampoco presentaron testigos ni las pruebas documentales que dijeron llevarían, como fotos y videos de personas que vieron el accidente y lo grabaron en su celular.
No cumplieron el principio de la oralidad de los nuevos juicios, pues sólo se dedicaron a leer sus actas y documentos y ni siquiera intentaron ver si el inculpado caía en alguna contradicción. Y lo peor: no se presentó a testificar Martín, el novio de Elena, porque notificaron del testimonial en su domicilio tres días antes de que se llevase a cabo y Martín, estaba de viaje fuera de México y ni siquiera se enteró del asunto, a pesar de que la fecha había sido fijada dos meses atrás. Y créeme, me dice Martín, de haber sabido la fecha, por nada del mundo me hubiera ido de viaje porque Elena merece justicia.
El nuevo Sistema de Justicia Penal mexicano ordena que para verificar que estas cosas no sucedan y se puedan corregir, exista un defensor jurídico público, quien en lugar de reclamar los faltantes y solicitar que se subsanaren las omisiones y equivocaciones, guardó silencio cómplice, quizás para no dejar asentado en el expediente, las graves negligencias de los ministerios públicos y el juez, con quienes seguramente tendrá que confrontarse en futuros juicios. Total, ya está muerta la niña, piensa. Ya nada puede hacerse.
Y entonces, el juez ordena la libertad inmediata del inculpado.
¿Qué pasa entonces con el Nuevo Sistema de Justicia Penal? Pues que en realidad, tiene aún muchas deficiencias. Se han gastado millonadas en capacitar a los involucrados pero los ministerios públicos siguen siendo muchas veces incapaces de presentar pruebas suficientes para encarcelar a los culpables y los defensores públicos, sean incapaces de evitar que se aprisionen a inocentes. Ahí tenemos una fuerte responsabilidad civil de apoyar a las asociaciones y organizaciones que verificarán el avance de esta importante reforma constitucional.