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Luis M Cruz

Una diferencia fundamental de lo que se propone hacer ahora con lo que se hacía en el pasado inmediato en materia de seguridad y justicia, es que los cambios proceden en el marco de los derechos humanos y las vías institucionales.

1-  Nubarrones en la economía 

Las perspectivas económicas del país se han puesto entre corchetes. Para Standard & Poor’s, la revisión de la calificación de deuda soberana deberá esperar otros 18 meses, a que la implementación de las reformas estructurales aprobadas empiecen a dar frutos y se haya materializado el impacto en las finanzas nacionales de la reducción de los precios del petróleo en el mundo, que, consideran las agencias internacionales, será un efecto duradero. 

En este sentido, la atención de los inversionistas está en el comportamiento de los precios del petróleo y sus efectos en la economía mundial, que se anticipa benéfico para los países consumidores al reducirse los precios de combustibles y energía, y catastrófico para los países productores altamente dependientes de los ingresos petroleros, es decir, aquellos que tienen petrolizadas sus economías (Venezuela y Nigeria, por ejemplo). 

Una señal en este sentido ha sido el fracaso de la reunión en Viena de la OPEP, que debía reducir la producción de este bloque en dos millones de barriles diarios, lo  que no aconteció dada la decisión de Arabia Saudita de mantener la producción y jugar a precios bajos del petróleo, en unos 70 dólares el barril. La decisión de no reducir la producción mundial provocó una caída de casi tres dólares en el precio del barril, situándose los indicadores de referencia por debajo de los 70 dólares. 

De continuar la baja, dicen los analistas, es probable que algunos proyectos de shale gas y shale oil cierren a causa de falta de rentabilidad, lo que disminuiría también el apetito por nuevos desarrollos (algo que podría lastimar las expectativas mexicanas puestas en la reforma energética). Algunas proyecciones de precios mínimos para el Brent del mar del Norte se ubican en 60 dólares el barril para el año 2015. 

Las finanzas mexicanas, dicen los analistas, están parcialmente protegidas para este nuevo nivel del precio del petróleo. La mezcla mexicana tocó los 60 dólares el barril contra los 79 dólares presupuestados para el 2015, lo que asegura estabilidad al gasto de ese año, un año eminentemente electoral, pero no hay certeza de que lo mismo podría acontecer para el 2016, cuando el nivel de precios pudiera ser menor. Ello añade incertidumbre en el mercado acerca de la participación de inversionistas en los proyectos energéticos a principios del año siguiente, a pesar de que los proyectos sean de larga duración.  

En general, la caída de los precios del petróleo y otros commodities afecta  a los mercados emergentes, lo que incrementa la incertidumbre en sus finanzas y las perspectivas de los mercados de capitales. 

Si esto prosigue, México resistirá el 2015, pero requerirá algunos ajustes  para el 2016 pues no sería razonable suponer que, jugando nuestra economía en un entorno global, lo que le suceda a los demás no tuviera algún efecto en nuestro país. Es decir, aún cuando los ingresos públicos estén cubiertos, otras variables, como el tipo de cambio o las tasas de interés, pueden definitivamente mover el conjunto. Por lo pronto el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha reconocido que la política fiscal podría tener ajustes a la baja en 2016 en el sentido que el sector empresarial ha estado insistiendo, para que los impuestos o sus restricciones no se conviertan en frenos del crecimiento económico, ahora más que nunca tan necesario. 

2- Prueba del ácido

El decálogo y otras medidas sociales propuestas por el titular del Ejecutivo Federal a dos meses del Caso Iguala, han encontrado un marco de escepticismo y menor entusiasmo. De alguna u otra manera, los radicales han querido insistir en esa estrategia de encono y odio que pone a prueba a las instituciones, al desarrollarse en el lindero del ejercicio de derechos humanos como las libertades de expresión y de petición y el respeto a la legalidad y los derechos de los demás.

Un editorial de la revista especializada inglesa The Economist refleja ese ánimo, en el que  se querían medidas espectaculares, señalamiento de omisiones, relevos y establecimiento de responsabilidades propias más bien de un sistema autoritario y no tanto un conjunto de medidas legislativas y políticas públicas a implementar en los próximos días y meses que es lo habitual en las democracias.

La revisa inglesa señaló, tras el mensaje a la Nación, que el Presidente Enrique Peña podría haber perdido la oportunidad de cambiar la marea contraria de la opinión pública sobre el caso Iguala, al rehuir la autocrítica y toda responsabilidad en la crisis originada por la desaparición de los 43 estudiantes. Asimismo, por haber dejado pasar la ocasión de poner en tela de juicio a la totalidad del sistema político, que en opinión del semanario, requiere una limpia.

El semanario británico señalaría que “el 27 de noviembre, el Presidente de México hizo lo que debería haber hecho desde hace mucho tiempo: anunció una serie de medidas destinadas a convertir el Estado de Derecho en una prioridad de su administración. Lo hizo en respuesta a una oleada de protestas contra su gobierno provocada por la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero hace dos meses”.

Es preciso hacer notar, como nítidamente lo señalara el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que ningún Estado de Derecho en el mundo podría proceder sobre lo que la indignación pública ha estado distorsionando. Precisamente, si se trata de respetar los derechos humanos, lo correcto es proceder a transformar incluso la ley si es preciso, pero todo dentro del marco de garantías constitucionales. Una diferencia fundamental de lo que se propone hacer ahora con lo que se hacía en el pasado inmediato, es que los cambios proceden en el marco del Derecho y las vías institucionales, que no requieren héroes ni salvadores providenciales sino sobre todo, aplicación de políticas y fortalecimiento de las instituciones.

La verdad es necesario conocerla. Y la verdad no siempre gusta a todos, pero lo cierto es que en Iguala quienes cometieron los crímenes atroces que a todos nos indignan, fueron  un grupo de criminales que, aprovechando una falla de Estado en materia de seguridad pública y otra falla de Democracia en lo que se refiere a la selección de candidatos por los partidos políticos, llegaron al poder municipal y se apoderaron de la autoridad y de la policía municipal para ponerla al servicio de los delincuentes. Son ellos, no el Estado mexicano como tal, quienes cometieron crímenes y privaron de la vida a seis jóvenes y provocaron la desaparición forzada de otros 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que por alguna razón todavía no esclarecida se encontraban la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Es precisamente el Estado mexicano el que, por medio de sus instituciones, acude a Iguala a establecer el orden, perseguir y capturar a los criminales, quienes serán sometidos a la justicia, y se encuentra comprometido en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, cuya presunción, conforme a las confesiones de los criminales encarcelados, es que fueron asesinados y cremados para no dejar rastro vinculante entre la atrocidad y los perpetradores.

Conforme al Derecho Internacional Humanitario, del que nuestro país forma parte, corresponde al Estado mexicano la reparación solidaria que deriva de la falla en materia de seguridad pública, dado que uno de los deberes fundamentales del Estado moderno es el de proteger a los ciudadanos, pero no le es imputable la responsabilidad de los crímenes cometidos por los delincuentes que se apoderaron de la autoridad municipal. Es por ello que resulta desaforado el discurso de odio que los radicales despliegan en marchas y protestas, exigiendo la renuncia del titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, quien ha puesto todo el poder público federal al servicio del establecimiento del orden en Iguala, el cambio de las autoridades estatales, la captura y castigo a los perpetradores y la búsqueda por todos los medios de los estudiantes desaparecidos.

Los difíciles días de violencia y tristeza que hemos vivido en los últimos dos meses no deben cegarnos como para negar la razón y pretender barrer con esa furia radical de la intransigencia a las leyes, las instituciones y al país mismo.

3- El paseo de los radicales

Por otra parte, el conjunto de organizaciones sociales nucleados en torno a la demanda de presentación de los 43 normalistas desaparecidos, básicamente los maestros de la CNTE de Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal –CETEG, Sección 22 y Sección IX– y los jóvenes que participan en la Asamblea Interuniversitaria de organizaciones estudiantiles, presentaron en las redes sociales un plan de movilizaciones, asambleas y acciones para estos días tristes.

Destacan en este calendario algunas fechas simbólicas. 

1 de diciembre (segundo aniversario de la toma de posesión del Presidente Peña Nieto), convocatoria a un Paro Cívico Nacional, con “bloqueo pacífico” a la Bolsa Mexicana de Valores con la finalidad de que no abra; impulso al paro de sindicatos universitarios; movilización del Zócalo a Los Pinos por la tarde. 

2 de diciembre, Congreso Nacional Estudiantil en la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y conmemoración de la “caída en combate” del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos en el Monumento a la Revolución de la ciudad de México. 

3 de diciembre, toma/cerco de las oficinas del PRD, PRI y PAN, a las 15:00 hrs. 

6 de diciembre, toma simbólica de la Ciudad de México, considerando una cabalgata campesina. Cabe señalar que ese día de 1914, sucedió la toma de la ciudad por los ejércitos combinados de Francisco Villa y Emiliano Zapata, con lo que adquiere una connotación revolucionaria. 

6 o 7 de diciembre, boicot al Teletón; bloqueos a Banamex, Walmart, Soriana. 

Otras disposiciones político-logísticas: 

Apoyar el plantón que la CNTE buscará instalar en el Monumento a la Revolución.

En las movilizaciones, las consignas centrales serán “Vivos se los llevaron… vivos los queremos” y “Presos políticos, libertad”.

Discutir en las asambleas la progresividad de las demandas políticas del movimiento, como la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.

Mantener una expectativa revolucionaria durante diciembre. Al respecto, recordar que el alzamiento del EZLN ocurrió precisamente en el fin de año de 1994, cuando las fuerzas de seguridad se encontraban en el asueto decembrino.

Esto es, como se dice en el argot, “pescar en río revuelto”. Es decir, exigiendo la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos por los criminales de Iguala, se estaría pavimentando una ruta de colisión contra las instituciones y el Estado de Derecho. 

4- Lectura entre Encuestas 

En la encuesta de preferencias electorales de Buendía y Laredo, publicada por El Universal, levantada el 12 de noviembre (a 45 días de los acontecimientos de Iguala), el PRI sigue sosteniendo su marca, manteniendo las expectativas de una mayoría relativa en el próximo Congreso. 

En contraste, las mediciones que realizara la misma casa encuestadora en las cercanías del segundo aniversario del gobierno, en línea con las de otras firmas, revelan  una caída en la popularidad presidencial así como en la evaluación del desempeño gubernamental. El Presidente, dicen las cifras, se ubicaría en 41% favorable, frente al 50% que le desaprueban, en tanto que el Gabinete no pasa  ni de panzazo pues estaría francamente reprobado. 

La paradoja, como dicen los encuestadores, es que no obstante el desencanto con la política y los políticos, la exigencia de mejores resultados en la gestión pública aún no estaría afectando las preferencias electorales, si bien el número de votantes que aún no definen el sentido de su voto es todavía más de un tercio del total. 

La medición muestra que 31 de los entrevistados se identifica con el PRI, 13% lo hace con el PAN y 7% se dice perredista, 6% se considera de otro partido político y 43% se manifiesta independiente. 

En lo que se refiere a la intención de voto en la elección de diputados federales, si las elecciones hubieran sido ese día, el PRI obtendría 30% de los votos, el PAN 16% y el PRD 10%, seguidos por el PVEM con 6% y Morena, 3%.  

La suma de los votos nulos o indiferencia, alcanza, no obstante, el 29%, incrementándose 7 puntos respecto de la medición realizada en agosto.

 

La medición concuerda con otras disponibles, realizadas por Reforma, BCG y Demotecnia, que muestran que el PRI está básicamente en los mismos términos que la elección federal del 2012, lo que le anticipa otra vez como el grupo mayor en un contexto bastante más complicado que el de hace dos años. 

De proseguir esta tendencia, muy probablemente el efecto del descontento y las protestas antiPeña no se trasladaría linealmente al partido gobernante, el cual podría obtener buenos resultados en todas las regiones del país fuera de la “cuenca del descontento” que se ubica en los estados del sur y el Distrito Federal (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos y el DF). 

Con ello, el partido gobernante no obtendría una mayoría propia en la Cámara de Diputados, repitiéndose la tendencia histórica que obliga a negociar el equilibrio legislativo o bien, ejercer la posibilidad de un gobierno de coalición si el caso lo ameritara. 

Las mediciones auguran, no obstante, la persistencia del desencanto por la política expresada en un posible alto abstencionismo o bien, incremento de otras expresiones del hastío para desperdiciar el sufragio, como el llamado “voto nulo”. 

5- Hacia las elecciones intermedias

Y, más allá de todo esto, los partidos políticos se aprestan al proceso electoral federal del 2015 y 17 elecciones locales concurrentes, incluidas las nueve generales que incluyen al gobernador. 

Dos cuestiones resaltan al momento. La primera, la debilidad de los procesos internos de selección de candidatos, que, al no ser abiertos ni expuestos al escrutinio público, podrían “colar” o “dejar pasar” otra vez a candidatos con vínculos criminales o financiamientos oscuros. El Instituto Nacional Electoral ha dejado claro que no tiene medios institucionales para garantizar que esto no ocurra, pues no es Ministerio Público ni puede investigar la procedencia de los recursos, sólo verificar si los gastos son legales y no exceden el tope autorizado, en tanto que los procesos internos de selección de candidatos resultan normados en los estatutos de los partidos, que son documentos internos y pueden ser todo, menos transparentes y democráticos. Ha sido un lugar común en la historia política, que las “listas” de candidatos son “palomeadas” por las cúpulas partidistas, que se las reparten cual botín entre camarillas. 

El caso Iguala plantea lo que ha sido una “falla de Democracia”, en donde, vía los procesos internos de selección de candidaturas, los partidos políticos podrían estar postulando candidatos opacos. De ahí la urgencia de que resulte exigible el riguroso escrutinio público sobre quienes aspiren a cargos de elección popular, para realmente vetar a los intragables. 

La segunda, se refiere al resurgimiento de la “alianza perrepán” de cara, inicialmente, a algunos procesos locales (como Sonora, en donde hay acuerdo para una coalición entre los extremos para la candidatura a gobernador o en Jalisco, en donde habría alianza de esta naturaleza en algunos municipios). La lógica de estas coaliciones coyunturales consiste en que en las entidades donde el PAN es fuerte, se suma el PRD y viceversa. Así, podría darse la coalición con predominante del PAN, además de Sonora, en Nuevo León y Querétaro, correspondiendo el respaldo al PRD en Michoacán y Guerrero. 

Es posible que, conforme se vaya desarrollando la contienda electoral y de persistir los momios favorables al PRI, pudieran gestarse otras alianzas perrepán en distritos con comportamiento similar, es decir, donde exista predominio del PAN el apoyo coaligante sería para éste, y en donde el PRD tenga mejor posicionamiento, el PAN se sumaría. El objetivo sería derrotar al PRI, aunque después no se responsabilicen de lo que avalan, como ha sucedido en los gobiernos de Puebla, Oaxaca o Sinaloa, cuyos gobernadores llegaron al amparo de una coalición perrepán y ahora no pertenecen ni actúan con melón o con sandía. 

La suerte de estas coaliciones coyunturales estará, sin embargo, presionada por la visible balcanización que afecta a las izquierdas, sobre todo, al PRD, partido que bien podría ser devorado por Morena y el radicalismo mesiánico del señor López. Ello pudiera reducir su valor de oportunidad para aportar votos a las eventuales coaliciones con el PAN.  

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