CDMX lanza estrategia anti‑despojo con gabinete especializado y penas de hasta 22 años de cárcel
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, formalizó la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos
“Este tema es muy sensible en la ciudad”, asegura Clara Brugada, sobre ola de despojos
/Foto: Captura de imagen
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una estrategia integral para hacer frente al delito de despojo de inmuebles, al que calificó como uno de los más delicados para las familias capitalinas.
Como parte de esta política, se formalizó la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, espacio interinstitucional que ya opera desde hace cuatro meses.
“Este tema es muy sensible en la ciudad y, desde mi punto de vista, uno de los más importantes”, afirmó Brugada durante el anuncio.
El nuevo gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, y tiene como finalidad revisar los casos de forma inmediata, con un equipo especializado.
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La estrategia busca atender un delito que, según la mandataria, involucra vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y la operación de redes delictivas.
Para ello, se integraron al gabinete instituciones como el Poder Judicial local, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario, así como la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
También se presentó la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno, cuyo objetivo será atender de forma puntual y eficaz cada denuncia.
Reformas para castigar y prevenir
Uno de los ejes centrales de la estrategia es un paquete de reformas legislativas que será enviado al Congreso de la Ciudad de México.
La propuesta incluye el aumento de penas, la ampliación de la definición legal del delito y la incorporación de medidas cautelares de protección a las víctimas.
“Las penas con agravantes pasarán de 11 a 22 años de prisión, sin derecho a fianza”, anunció Brugada.
Entre los agravantes considerados están el uso de violencia, afectación a personas en situación vulnerable —como adultos mayores, menores de edad, mujeres embarazadas y pueblos indígenas— y la participación de servidores públicos, notarios o intermediarios que simulen autoridad.
En su modalidad base, el delito de despojo contempla penas de 6 a 11 años de prisión.
Con las reformas, los casos agravados podrán alcanzar entre 12 y 22 años, sin beneficio de fianza.
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También se busca castigar prácticas como la simulación de actos jurídicos, la falsificación de documentos y el impedimento material del uso del inmueble.
La definición del delito será ampliada para incluir modalidades como compraventas apócrifas, falsos contratos ante notarios o el ingreso forzado a propiedades mediante daños físicos, como romper cerraduras o ventanas.
Alcaldías con más denuncias y prevención ciudadana
Durante su intervención, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo en la ciudad, lo que representa un aumento del 8 por ciento respecto al año anterior.
Las alcaldías con mayor incidencia son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
La estrategia contempla también una campaña de difusión dirigida a la ciudadanía para promover la cultura de la legalidad, identificar prácticas fraudulentas en trámites inmobiliarios y conocer los mecanismos de denuncia y protección.
Finalmente, Brugada señaló que el objetivo de la estrategia no es solo sancionar, sino también evitar que los actos de despojo se formalicen legalmente.
“Se crearán mecanismos cautelares para proteger a las víctimas y su patrimonio desde el momento en que se detecta el riesgo”, subrayó.
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