Crece hostilidad hacia la prensa en CDMX

La violencia contra la prensa en México no cesa. El informe “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información” de la organización civil Artículo 19 (Article 19) señala que las 639 agresiones contra la prensa registradas el año pasado, incluidos cinco periodistas asesinados, implicó un aumento del 14% respecto a las registradas en 2023.

De acuerdo con la organización internacional defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, en promedio cada 14 horas se comete una agresión contra la prensa en el país, pero apenas el 13% ameritó una investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que sólo atrajo 84 investigaciones el año pasado.

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Bajo ese panorama, la ciudad de México se ubicó como la entidad con el mayor número de agresiones, al pasar de 115 a 170 incidencias de 2023 a 2024, un aumento del 47.8%, manteniéndose desde 2019 como “la entidad con mayor el número de agresiones contra de la prensa”.

Lejos de las graves violaciones que se registran en otras entidades con casos de tortura, ataques armados y asesinatos, las agresiones en la capital del país ocurren en la esfera digital; el 20.5 por ciento fueron de ese tipo en 2024.

Panorama incierto para la prensa

Según el informe, del total de agresiones contra periodistas y medios de comunicación registradas en la CDMX el 35.2%, con un total de 60 casos, fueron por el “uso ilegítimo del poder público”, mientras que los 54 casos documentados de intimidación y hostigamiento representaron el 31.7 por ciento. En prácticamente la mitad de las agresiones (48%) los autores de estas agresiones fueron funcionarios públicos, y en el 25% se trataron de particulares.

En entrevista con ejecentral, Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 para México y Centroamérica, explicó que además del hecho de que en la ciudad de México hay una mayor concentración de medios de comunicación, al ser sede de los poderes federales, existen otros factores que mantienen este incremento en el número de agresiones.

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Entre estos fenómenos, refirió, está el hecho de que históricamente se identificaba que eran autoridades a nivel estatal y municipal los principales perpetradores de estas agresiones, y ahora “es inédito como se están yendo prácticamente a tercios las autoridades federales, estatales y municipales”.

Aunque la mayoría de las agresiones focalizadas en la capital son del ámbito digital, Leopoldo alertó que también hay una tendencia al alza en cuanto amenazas, por parte de actores políticos en la mayor parte, incluyendo una mayor tendencia de “acoso judicial” en contra de aquellos periodistas que son víctimas de estas agresiones o que en su caso, resultan demandados por acusaciones de daño moral u otras cuestiones que afectan la libertad de expresión, lo cual se vuelve contraproducente para incentivar la denuncia en el gremio periodístico.

“A partir de una encuesta que realizamos en las diferentes redes de prensa en todo el país, identificamos que solamente uno de cada tres periodistas se anima a denunciar, ya sea porque es una pérdida de tiempo, o porque se sienten vulnerables ante las propias autoridades o fiscalías locales, que muchas veces son cómplices de los perpetradores”, subrayó.

Atención integral para periodistas y activistas

Si bien desde el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la ciudad de México, así como del Congreso capitalino se ha buscado impulsar acciones encaminadas a atender las agresiones de periodistas en el entorno digital, Leopoldo Maldonado exhortó a contar con una política integral que profundice en la investigación y el acceso a la justicia en cada caso.

En ese sentido destacó que, “una ley de protección va a estar incompleta si no integra el elemento de la justicia”, pues además de contar con mecanismo de protección a los periodistas, convocó a dotarlos de capacidades y recursos suficientes para no sólo prevenirlas sino esclarecer las agresiones cometidas y garantizar los principios de protección, acceso a la justicia, verdad y reparación del daño.

Otro factor que llamó a atender es la revictimización y el acoso judicial del que son víctima tanto los periodistas que denuncian ser blanco de agresiones como aquellos que resultan denunciados penalmente, por daño moral o por cuestiones electorales, donde el activista reprochó que “la justicia sí es pronta y expedita”.

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Visto como “un arma de censura”, el informe de Artículo 19 documentó al menos 21 casos de acoso judicial durante 2024, lo que significó en términos amplios un proceso abierto contra un periodista cada tres semanas, incluyendo litigios con demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género para frenar investigaciones sobre actores políticos.

Respecto a las agresiones digitales, Maldonado llamó a que cualquier propuesta legislativa debe considerar el contar con capacidades instaladas para ubicar a los agresores o el origen de las agresiones que no suelen originarse de una sola cuenta sino que son orquestadas por redes de ‘bots’ o ‘trolls’.

Las cuales, advirtió, “muy probablemente son financiadas con recursos públicos, por los propios actores políticos para denostar y estigmatizar a la prensa que, independientemente de los ilícitos penales o administrativos en que puedan incurrir, tienen que ser investigadas”.

Para lograrlo, el director regional de Artículo 19 señaló que hace falta “voluntad” para llegar al fondo de la maquinaria de ese tipo de redes, la cual se ha convertido “en una estrategia política para socavar la honorabilidad de los periodistas y así tratar de reducir el impacto de sus mensajes”.