Estados Unidos ha decidido, una vez más, extender la cuerda. México obtiene una prórroga de 90 días antes de que entren en vigor nuevos aranceles a productos clave. El anuncio no representa una solución definitiva, sino una pausa en medio de una danza desigual, donde el ritmo lo marca Washington y México intenta no tropezar. Mientras tanto, los sectores productivos mexicanos contienen la respiración.
La prórroga forma parte de una estrategia clásica del presidente Donald Trump, quien en su segundo mandato presidencial ha regresado con su estilo inconfundible: presión comercial como mecanismo de negociación política. Desde su primer paso por la Casa Blanca, los aranceles dejaron de ser una medida técnica y se convirtieron en una poderosa palanca para imponer su agenda en temas que van desde el comercio hasta la migración, pasando por el tráfico de drogas.
Los antecedentes son claros. Durante su primer periodo, Trump amenazó con imponer un arancel del 25% al acero y del 10% al aluminio mexicano, bajo el argumento de “seguridad nacional”. Luego, en 2019, advirtió con gravar todos los productos mexicanos si el gobierno no detenía el flujo migratorio hacia el norte. La respuesta fue inmediata: México desplegó a la Guardia Nacional en su frontera sur, aceptando un rol de contención regional sin que mediara tratado alguno.
Ahora, desde la comodidad del poder renovado, Trump ha retomado su estrategia presionando a México a través de la amenaza arancelaria. Tras la prorroga, México continuará pagando un arancel del 25% al traslado de fentanilo, así como otro del 25% a los automóviles y uno más del 50% al acero, aluminio y cobre. Este gravamen del 25% a las exportaciones mexicanas fuera del T-MEC es ligeramente inferior al 30% que el presidente Trump había advertido en una carta enviada a principios de julio a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque la charla telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense fue presentada por ambos gobiernos como cordial y enfocada en la cooperación bilateral, migración y seguridad, el verdadero mensaje quedó entre líneas: México sigue siendo una ficha en el tablero de Estados Unidos. Trump necesita proyectar firmeza, y pocos discursos le reditúan tanto políticamente como endurecer su postura frente al vecino del sur.
La incertidumbre para los sectores productivos mexicanos es considerable. Si los aranceles llegan a imponerse, el impacto sería inmediato: caída de exportaciones, pérdida de competitividad, reducción de inversiones, presión inflacionaria y un golpe directo al empleo.
Más que un gesto de buena voluntad, esta prórroga luce como un movimiento táctico: Washington se reserva el derecho de imponer los aranceles en el momento que le resulte políticamente más conveniente.
La prórroga de 90 días, entonces, no es un triunfo diplomático. Es un compás de espera, un tiempo prestado que se puede agotar en cualquier momento. Mientras tanto, las autoridades mexicanas deben moverse con cautela, pero también con estrategia. Reaccionar ya no basta; es necesario anticiparse.
El desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum no será menor. Más allá de las buenas intenciones y los gestos de cortesía, se necesita una política exterior activa, profesional y firme. No basta con acudir a Washington con el sombrero en la mano. La defensa del interés nacional exige claridad, unidad y visión de largo plazo.
Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, ha dejado en claro que no hay amistad que valga cuando de política interna se trata. Los aranceles son su lenguaje, y las concesiones, su objetivo. Frente a eso, México no puede seguir improvisando ni aceptando imposiciones. Es momento de dejar de bailar al ritmo del otro. Porque si seguimos en el filo del tacón, tarde o temprano, el desequilibrio será inevitable.
