Honduras se encuentra en un punto de inflexión, debido a la crisis institucional, la cooptación partidaria de los poderes del Estado, la corrupción, el nepotismo y la impunidad colocan al país en una posición de riesgo, los hechos recientes de actos de corrupción (SEDESOL y Congreso Nacional), donde se instrumentaliza la pobreza mediante el clientelismo político.
Frente a esta realidad, la ciudadanía debe asumir su rol como el único actor legítimo para ejercer presión y exigir transparencia.
El desempeño socioeconómico del país se refleja: un crecimiento económico insuficiente en el 2024 reflejó un 3.6 % impulsado por las remesas, representan el 26%. Según datos del INE, el 63 %, de la población vive en situación de pobreza. A esto se suma la falta de oportunidades en los jóvenes: cerca de un millón no estudian ni trabajan. La informalidad laboral, que afecta al 82.6% de los empleos, según el Informe Regional del COHEP, este factor constituye una barrera estructural para el desarrollo. Honduras es el segundo país con mayor informalidad en Centroamérica.
En materia de seguridad, el país se encuentra bajo un Estado de Excepción en 226 de los 298 municipios, desde diciembre de 2022. Sin embargo, se mantiene con altas tasas de homicidios de 25.3, según reportes de Insight Crime “las tasas de homicidios han disminuido tanto en las zonas con medidas de emergencia como en las que no las tienen…”. Una comunicación de OACNUDH y el CONADEH ha señalado posible abuso de la medida al extender por tanto tiempo, asimismo han señalado posibles violaciones a los derechos humanos.
En el ámbito político, los partidos cruzan una batalla por la repartición de cuotas de poder, un caso actual es la conflictividad en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Actualmente, se enfrenta una pugna, producto de la politización en la elección de sus consejeros. Existen acusaciones de fraude electoral y bloqueo del calendario electoral, lo que detiene el proceso para la contratación del sistema de transmisión de datos, TREP. Esta situación llevó a la “renuncia” - sigue en el cargo - de una consejera titular y el Partido Liberal es quien está nombrando al posible sucesor, demostrando nuevamente que las decisiones responden a acuerdos políticos.
Estos actos incrementan la desconfianza de la ciudadanía al Proceso Electoral. Honduras entre los países con grado de desconfianza institucional: solo el 12% de la población cree tener poder de decisión. Paradójicamente, instituciones como los partidos políticos - con solo un 11% de confianza - son percibidas como las más poderosas (41 %). Esta percepción refleja una grave desconexión entre el poder institucional y legitimidad social.
Aunque la ciudadanía no se percibe con poder, es fundamental fomentar los espacios de diálogo y debate que permitan exigirle a las instituciones una rendición de cuentas. Existen iniciativas como la Generación de Cambio para jóvenes de Centroamérica y en Honduras, la REDH, quienes alertan sobre el uso de los recursos públicos y son promotores de la observación ciudadana.
Es fundamental que la ciudadanía, la sociedad civil, medios de comunicación, gremios empresariales, universidades, entre otros, amplifiquen las voces a través de sus cuestionamientos, dejar de lado la neutralidad - a veces fingida - generando una narrativa que incomode y cuestione. Cuando las instituciones pierden el rumbo es el momento de la ciudadanía de asumir el rol de vigilancia. Se debe garantizar la libre información sin sesgos y promover el debate público objetivo. Una población informada será difícil de silenciar.
Analista Político y Económico de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras
Economista, con experiencia en análisis macroeconómico, análisis de coyuntura y coordinación multisectorial. Desarrolla seguimientos a indicadores económicos e internacionales, en temas como derechos humanos, innovación, seguridad, economía, energía entre otros.
