Delitos y denuncias de corrupción golpean al gobierno de Tultitlán

El municipio de Tultitlán, gobernado por Ana María Castro Fernández, vivió este fin de semana una jornada violenta que dejó varias víctimas y se suma a la espiral delictiva que, en los últimos ocho meses de 2025, acumula cientos de robos, asaltos, así como denuncias por extorsión y secuestro.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el delito de lesiones muestra una tendencia al alza, con casos que involucran armas de fuego, armas blancas y otros objetos. Desde enero, cuando Castro Fernández asumió el cargo, hasta agosto, se han registrado más de mil incidentes de este tipo.

En paralelo, los robos en sus distintas modalidades figuran entre los delitos más recurrentes en el municipio. Destacan los de vehículos, motocicletas y autopartes, tanto con violencia como sin ella, que en lo que va del año suman 672 casos. En el caso particular de los asaltos a transportistas, la cifra también resulta significativa: 102 denuncias desde el inicio de la actual administración.

Quienes también se han visto afectados por la inseguridad en Tultitlán son los transeúntes, usuarios del transporte público y propietarios de pequeños negocios, todos víctimas de robos con violencia. De enero a agosto se contabilizaron más de 300 atracos en la vía pública, mientras que en el transporte público la cifra alcanza los 101 casos. Por su parte, los asaltos a comercios superan los 500 incidentes en el mismo periodo.

En medio de este escenario, el gobierno de Ana María Castro Fernández, que asumió la presidencia municipal en enero pasado, enfrenta cuestionamientos no solo por la incapacidad para frenar la violencia, sino por presuntos actos de corrupción y nepotismo. Reportes periodísticos documentan contratos por más de 72 millones de pesos otorgados mediante adjudicaciones directas o licitaciones simuladas con un solo competidor.

Las denuncias no se limitan a su gestión. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México mantiene abierta la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 contra Castro Fernández y su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, hoy diputada local, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entre ellas destaca el desvío de 38.5 millones de pesos a una asociación civil para la compra irregular de 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan, sin escrituras públicas que acrediten la operación.

Vecinos de las colonias Fimesa denunciaron además pagos adicionales de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares sin regularizar la situación jurídica de los predios, bajo el riesgo de despojo de viviendas mediante maniobras administrativas, incluida la imposición del nombre “Cuarta Transformación” a su comunidad, que derivó a inicios de año en protestas y bloqueos en casetas y calles.

Las críticas también apuntan a un posible nepotismo. Elena García habría impulsado la candidatura de su cuñada y al menos tres familiares directos de la actual alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento. Para algunos sectores políticos y empresariales, se trata de una red que busca consolidar el control del municipio mientras se profundizan problemas de corrupción, inseguridad y falta de inversión.

Aunque las indagatorias siguen abiertas, el cúmulo de señalamientos y protestas ciudadanas refuerzan la percepción de un municipio atrapado en un círculo de violencia, discrecionalidad y concentración de poder.