Enrique Alfaro, Pablo Lemus y José Asunción Murguía, el silencio frente a la atrocidad
Las desapariciones en Jalisco ponen en evidencia la falta de coordinación entre fiscalías, mientras colectivos denuncian impunidad y encubrimiento en distintos niveles de gobierno
Luego de que los buscadores exhibieron las atrocidades en el rancho Izaguirre, el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no dio la cara. El presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía, dijo que no sabía lo que pasaba en el terreno, mientras que el gobernador, Pablo Lemus, mandó mensajes en los que se le veía molesto por “la tentación de algunos de querer amarrar navajas”.
Este es el primer caso que pone en la mira nacional e internacional a tres gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano.
“Alfaro tenía una política de no hacer olas, para no hacer quedar mal al estado, para que no se afectara el turismo y la economía, pero una política de ojos cerrados no funciona; lo único que hace es permitir que siga sucediendo el problema y que siga creciendo. En ese sentido, el gobierno de Alfaro fue muy desafortunado hacia el tema de las desapariciones y de la criminalidad en general de estos grupos, al grado de que Jalisco se volvió el estado con mayor número de personas desaparecidas”, opinó Michael W. Chamberlin, exdirector general de Vinculación de la Comisión Especial de Atención a Víctimas.
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En entrevista con ejecentral, Chamberlain consideró que el gobierno de Pablo Lemus no ha presentado avances en los casos de desaparición, pues apenas lleva tres meses en el cargo, por lo que espera que corrija los errores de su antecesor.
La líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, ha dicho que Alfaro siempre hizo a un lado a quienes se dedican a buscar a sus familiares. Raúl Servín, integrante del colectivo, confirmó a este medio que el exgobernador minimizaba todo lo que manchara la imagen del estado y siempre negó que se raptaran a personas en la nueva central camionera para ser reclutados por el crimen organizado.
“Cada que hacíamos manifestaciones, nos hacían una mesa de trabajo de cuatro o cinco personas, pero no precisamente con el gobernador; mandaban a otras personas a que dieran la cara por él. Y llegábamos a un trato en una mesa de trabajo, pero en cuanto nos salíamos de ahí, quiero pensar que ellos mismos rompían los documentos y los tiraban a la basura porque los acuerdos nunca han llegado. Entonces, nunca hemos contado con el gobierno absolutamente para nada”, enfatizó Servín.
Los testimonios de los sobrevivientes son contundentes: solicitaban cocineros, guardias de seguridad o choferes, y cuando los interesados llegaban al punto de encuentro para ser contratados, eran raptados y llevados al campo de exterminio.
No nos dábamos cuenta de qué se estaba haciendo en ese rancho (…) En varios municipios de alrededor de nuestra comunidad se han encontrado más fosas (que en Teuchitlán). ¿Por qué agarran a Teuchitlán cuando es un pueblo tranquilo?”.
De acuerdo con la prensa local, en agosto de 2024, Enrique Alfaro negó que se desapareciera a gente de la central de autobuses. Dijo que había “chavos que se fueron por su propia voluntad” y culpó a los medios de comunicación por querer generar miedo y psicosis entre la población.
Hasta el cierre de esta edición, el exgobernador de MC, fan de las redes sociales, no se había pronunciado sobre los hallazgos del rancho Izaguirre.
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Su último mensaje en Facebook fue el 14 de febrero, cuando mostró una imagen besando a su esposa. Antes, el 3 de febrero, presumió su preparación deportiva en Rotterdam. Puso una fotografía en las instalaciones del Feyenoord Rotterdam, donde presuntamente se prepara para conseguir “su sueño” de ser entrenador de futbol. Nada opinó sobre el narco rancho.
“No nos dimos cuenta”: Murguía
El alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía, quien fue reelecto en el cargo, sólo dio una entrevista sobre el narco rancho. Fue al canal 13 de Guadalajara, donde dijo que no se dio cuenta de lo que se estaba haciendo en el terreno y minimizó la inseguridad.
El emecista afirmó que cuenta con 30 policías para el municipio que tiene una población de casi 10 mil habitantes y aceptó que se les paga poco. Y que “van muy bien en los controles de confianza”, al grado de que ellos son los que capacitan a policías de otros municipios.
Además, dijo que eran “pocas” las personas que habían desaparecido; incluso expresó que en Teuchitlán había menos fosas clandestinas localizadas que en municipios de la región.
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Añadió que él está “limpio”, por eso no le preocupa nada y le pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, colaboración y no repartir culpas.
Esto, luego de que Gertz Manero atrajera el caso a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum y expresara: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y de ese estado”.
El gobernador, Pablo Lemus, mandó un mensaje por redes sociales tras reunirse con autoridades estatales y federales.
“Aquí no vamos a caer en la tentación de algunos de querer amarrar navajas entre nosotros. Independientemente de que estos hechos en Teuchitlán ni sucedieron en el sexenio de la presidenta Sheinbaum ni en mi sexenio, en Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades”, publicó.
Desde su cuenta oficial de X, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco contestó a Lemus: “Solo faltaron las personas importantes en esa reunión, nuestras víctimas y nuestra representante, que somos quienes destapamos esa atrocidad en nuestro estado de Jalisco. Escúchenos”.
El crimen perfecto
El defensor de derechos humanos y presidente de Consultora Solidaria S.C., Michael W. Chamberlin, dijo que las desapariciones son consideradas como “el crimen perfecto” porque existe “impunidad casi absoluta”.
“Un problema que tienen las fiscalías, es que los casos se miran de manera aislada y hay una tendencia a la disgregación. Por ejemplo, si hay un caso en donde hay una desaparición y la persona iba en su coche y el coche tampoco aparece, se abren dos investigaciones: una por el coche y otra por la persona desaparecida. Y si esto ocurrió en Nuevo León, entonces se abre una carpeta en Nuevo León y si hay indicios de crimen organizado, probablemente se abra una carpeta en la Fiscalía General”, explicó.
Esa disgregación provoca que sea casi imposible dar con los responsables porque no hay un vínculo entre autoridades y una investigación coordinada.
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“Hay un problema legal y también es de carácter político porque, a partir de que se les otorga autonomía, las fiscalías no tienen ningún mecanismo real de rendición de cuentas. Entonces hacen lo que se les antoja y nadie puede decirles nada, nadie puede hacer nada hasta que un caso se vuelve político. Entonces ya hay un acuerdo entre los partidos para destituir al fiscal y nombrar a otro, pero por intereses políticos y no por razones de resultados laborales”, dijo.
El propósito de que las fiscalías sean autónomas es que no tengan presiones externas, de ningún grupo político, enfatizó.
“A Gertz Manero nunca le han pedido cuentas sobre por qué no hay sentencias. Por hablar solamente de la Fiscalía de Desaparecidos, ¿por qué no hay resultados, no se procesan responsables? Ha habido años en que reportan cero procesados. Entonces, ¿qué hacen?, ¿a qué se dedican?, ¿cómo hacen las cosas?”, exclamó.
El rancho Izaguirre, agregó, ha operado desde hace años. Ya se había registrado por parte de la Fiscalía estatal y la Guardia Nacional tenía reportes de que ahí operaba el crimen organizado.
“Policías, presidentes municipales que han pasado, la misma Fiscalía, cualquier otra autoridad, se ha hecho de la vista gorda. Eso habla de que hay motivaciones para que sea así. Y eso puede estar apuntando, por un lado, a situaciones de corrupción y, por otro lado, a situaciones muy probables de control territorial por grupos delincuenciales, en donde la autoridad ya no tiene forma de imponerse y gobernar”, recalcó.
Cabe destacar que el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó sobre el procedimiento de extinción de dominio del rancho Izaguirre, pero no dijo quién era el dueño del lugar.
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En enero de este año, a 18 minutos en automóvil del rancho Izaguirre, fueron detenidas 38 personas, 36 de ellas fueron liberadas al haberse concluido que fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado. De acuerdo con los medios locales, la mayoría coincidió en que fueron citados en la central camionera de Zapopan con la falsa promesa de tener empleo inmediato y bien remunerado.
(Hay) casos de chavos que se fueron por su propia voluntad. Me parece que no es correcto seguir alentando una idea que genere miedo y psicosis cuando no hay un asunto así, hay casos en los que estamos buscando, pero no podemos hablar de que hay 15 desaparecidos en la central”.
