Entregó Hilda Araceli Brown contratos de cómputo y música empresas ligadas a La Mayiza en Rosarito

En Playas de Rosarito, Baja California, una controversia ha sacudido la política local. Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa y actual diputada federal por Morena, se encuentra bajo escrutinio por haber otorgado contratos millonarios a un empresario con presuntos nexos con el crimen organizado. Se trata de Candelario Arcega Aguirre, a quien el gobierno de Estados Unidos vincula directamente con La Mayiza, una facción del temido Cártel de Sinaloa.

Los datos, obtenidos de documentos en poder del medio ejecentral, revelan que en un periodo de solo cuatro meses, la administración de Brown Figueredo adjudicó tres contratos que suman casi 16 millones de pesos. El empresario, que nunca había sido contratado por gobiernos anteriores, recibió estos fondos para servicios tan diversos como la organización de eventos musicales, la adquisición de licencias de software y la compra de vehículos para la seguridad pública del municipio.

Esta situación es aún más delicada, ya que tanto Araceli Brown como Candelario Arcega han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con esta célula criminal, a la que presuntamente facilitaron el tráfico de sustancias ilícitas como metanfetaminas, fentanilo y marihuana.

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Detalle de los contratos y las sospechas

El primero de los contratos, por un monto de 2.3 millones de pesos, fue otorgado a Candelario Arcega en septiembre de 2023. El objetivo era que el empresario se encargara de la presentación del grupo musical Los Invasores de Nuevo León en el Segundo Gran Baile Popular Comunitario.

Lo que genera sospecha es que el contrato se firmó solo dos días antes del evento, a pesar de que la presentación del grupo ya había sido anunciada en redes sociales con semanas de anticipación. Arcega también fue responsable de la logística del evento, incluyendo el montaje del escenario y el equipo de audio, así como de coordinar la participación de otros grupos locales.

Poco después, en octubre de 2023, la empresa de Arcega, Sistema de Monitoreo y Rastreo Grupokarce, recibió un segundo contrato por casi 1.6 millones de pesos para la compra de 400 licencias de software de ofimática. Esta compañía, creada por Arcega y otros socios en 2019, supuestamente se dedica a servicios informáticos.

El tercer y último contrato, en enero de 2024, fue para la compra de ocho camionetas tipo Pick Up Doble Cabina equipadas como patrullas. El monto ascendió a casi 12 millones de pesos y los vehículos estaban destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito.

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Consecuencias y acciones legales

Ante la gravedad de los hechos, el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, ha solicitado un juicio político contra Araceli Brown. La finalidad es que se le retire el fuero como diputada federal y pueda ser investigada por los presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras la investigación avanza, la polémica en torno a los contratos y las conexiones con el Cártel de Sinaloa mantienen en vilo a la opinión pública y a los actores políticos de Baja California. La situación plantea serias dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos y los riesgos de la corrupción y la infiltración criminal en el gobierno.