FGR recupera más de 62 mdp por caso de la Estafa Maestra y obtiene reparación del daño contra dos exfuncionarios
La FGR obtuvo 62 millones de pesos como reparación del daño por la Estafa Maestra, tras procesar a dos exfuncionarios por convenios irregulares en SEDESOL.
Dos exfuncionarios de SEDESOL y una universidad estatal deberán cubrir el monto fijado por la autoridad judicial.
/Foto: Archivo
La Fiscalía General de la República (FGR) recuperó más de 62 millones de pesos como reparación del daño en un proceso penal relacionado con la Estafa Maestra, derivado de las investigaciones contra dos exfuncionarios que autorizaron convenios irregulares entre la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Intercultural del Estado de México.
El caso involucra a Ricardo Mejía Zayas, exdirector General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de SEDESOL, y a José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ambos deberán cubrir 62 millones 877 mil 192 pesos, cantidad fijada por la autoridad judicial como reparación del daño a la Hacienda pública.
¿Cuánto recuperó la FGR por el caso de la Estafa Maestra?
La FGR informó que obtuvo la reparación del daño después de que el Ministerio Público Federal presentó pruebas que demostraron el perjuicio económico ocasionado al Estado. Los dos imputados podrán continuar su proceso bajo sustitutivos legales, siempre que garanticen el pago total del monto impuesto.
El juez determinó que Ricardo Mejía Zayas permanecerá en prisión domiciliaria, mientras que José Francisco Monroy Gaytán continuará en libertad durante el proceso, condicionado al cumplimiento del pago ordenado.
¿Quiénes son los exfuncionarios que deben pagar 62 mdp por la Estafa Maestra?
La investigación señala que Mejía Zayas y Monroy Gaytán suscribieron un convenio para la prestación de servicios entre SEDESOL y la universidad mexiquense sin asegurar condiciones adecuadas para el Estado. La FGR explicó que ambos omitieron garantizar criterios de precio, calidad y oportunidad, lo que generó un daño a la Hacienda pública.
El convenio permitió que la institución educativa subcontratara la totalidad de los servicios a un costo menor al pactado originalmente, lo que originó la afectación económica que ahora deberán resarcir.
¿Por qué la FGR acusó a los implicados por desvío de recursos en SEDESOL?
La Fiscalía acusó a los exfuncionarios del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al considerar que la firma del convenio favoreció condiciones irregulares que no cumplieron los estándares requeridos para el manejo de recursos públicos.
Los señalamientos forman parte de los expedientes abiertos en torno a la Estafa Maestra, un esquema mediante el cual diversas dependencias federales contrataron universidades públicas para realizar servicios que no estaban capacitadas para ejecutar, lo que derivó en múltiples subcontrataciones a empresas sin infraestructura o incluso inexistentes.
¿Cómo operó la Estafa Maestra mediante convenios y subcontrataciones?
La investigación periodística que reveló el mecanismo identificó una red de triangulación de recursos que permitió a universidades cobrar comisiones millonarias sin realizar los servicios pactados. Ese análisis documentó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, canalizados hacia 186 empresas, de las cuales 128 no tenían capacidad jurídica ni operativa para recibir presupuesto federal.
El patrón observado en el caso de Mejía Zayas y Monroy Gaytán coincide con ese esquema: la universidad subcontrató todos los servicios convenidos, lo que creó un margen de recursos que, según la FGR, constituyó el daño a la Hacienda pública.
Otros avances de la FGR en las investigaciones de la Estafa Maestra
Las autoridades continúan con procesos paralelos vinculados al mismo caso. Uno de los más recientes ocurrió el 7 de noviembre, cuando agentes de la FGR detuvieron en Cuautla, Morelos, al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez. La institución señaló que enfrenta acusaciones por peculado relacionado con presuntas desviaciones superiores a 290 millones de pesos.
La FGR aseguró que mantiene abiertas diversas líneas de investigación y que seguirá aportando datos de prueba para recuperar recursos federales comprometidos en convenios irregulares.
