Impuesto a videojuegos violentos 2026: por qué se canceló

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la cancelación definitiva del impuesto propuesto para videojuegos considerados violentos. Este gravamen, que formaba parte de las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) dentro del Paquete Económico 2026, había sido aprobado por la Cámara de Diputados y establecía una tasa del 8%. La mandataria anunció la decisión durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó en la mañanera de este martes que la medida fiscal se retiró tras identificar obstáculos prácticos insalvables para su implementación. En lugar del impuesto, el gobierno federal optará por una estrategia basada en campañas de información y concientización dirigidas a adolescentes y jóvenes, con el objetivo de promover la construcción de la paz y prevenir conductas de riesgo asociadas al uso de estas plataformas.

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¿Por qué se canceló el impuesto del 8% a los videojuegos violentos?

La razón central para cancelar el gravamen fue la dificultad técnica y operativa para clasificar y fiscalizar de manera objetiva y uniforme qué videojuegos contienen violencia y cuáles no. La presidenta Sheinbaum planteó una serie de preguntas que evidenciaban este problema: "¿Quién va a determinar esa circunstancia?”. La falta de un criterio claro y aplicable a escala masiva para distinguir entre los contenidos hacía inviable la correcta aplicación del impuesto.

La mandataria detalló el proceso: aunque inicialmente se solicitó la eliminación de esta disposición, ésta permaneció en la Ley de Ingresos finalmente aprobada. Ante este escenario, el Ejecutivo tomó la decisión administrativa de no proceder con su cobro. El gobierno federal consideró que un impuesto no era el instrumento adecuado para abordar las preocupaciones sociales vinculadas a ciertos videojuegos, optando en cambio por una vía educativa.

¿Qué hará el gobierno en lugar del impuesto a los videojuegos?

Con la cancelación de la medida fiscal, la estrategia gubernamental se orientará hacia la prevención y la concientización. Sheinbaum anunció que se implementarán campañas específicas dirigidas a jóvenes y adolescentes. El objetivo de estas campañas será reflexionar sobre las posibles consecuencias del consumo de ciertos contenidos, enfocándose en dos riesgos principales identificados por las autoridades:

• La adicción a los videojuegos: Muchos de estos juegos, especialmente los en línea, están diseñados con mecánicas que pueden generar patrones de uso compulsivo.
• La promoción de conductas violentas: El gobierno busca generar una reflexión crítica sobre cómo ciertos contenidos pueden normalizar o incentivar la violencia.
• El enfoque ya no será prohibitivo o recaudatorio, sino informativo y de acompañamiento. Sheinbaum precisó que la nueva campaña estará “orientada a la construcción de la paz y contra las adicciones”.

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¿Qué era el impuesto a videojuegos violentos y en qué marco legal se aprobó?

El impuesto cancelado estaba contenido en las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el ejercicio fiscal 2026, dentro del Paquete Económico enviado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Unión. Las características clave de la propuesta original eran:

• Tasa: Se establecía un impuesto del 8% sobre el valor de los videojuegos considerados violentos.
• Fundamento: El gobierno federal había argumentado que el gravamen respondía a “temas de seguridad”, no a un ánimo recaudatorio puro.
• Alcance: No se trataba de una prohibición. La estrategia complementaria original incluía información y acompañamiento a padres de familia sobre el uso de estas plataformas.
• Definición pendiente: La ley no especificaba en su texto los criterios técnicos para definir qué es un “videojuego violento”, lo que constituyó el principal escollo para su aplicación.

La cancelación del impuesto a videojuegos violentos cierra un debate sobre la viabilidad de usar instrumentos fiscales para regular contenidos digitales de entretenimiento. La decisión se basó en el reconocimiento de las complejidades prácticas para definir y fiscalizar la violencia en este medio, un desafío que las autoridades consideraron irresoluble de manera equitativa y eficaz.

En su lugar, el gobierno federal canalizará sus esfuerzos hacia la prevención mediante campañas de sensibilización. Este cambio de enfoque, de lo fiscal a lo educativo, busca abordar las preocupaciones sociales sobre la adicción y la violencia desde una perspectiva de salud pública y construcción de paz, dirigida específicamente al segmento más vulnerable: los adolescentes y jóvenes. DJ

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