Juristas con visión progresista

Estos ministros electos cuentan con experiencia jurídica y compromiso social para aspirar a renovar, desde la Suprema Corte, la justicia en México:

María Estela Ríos González

Abogada con más de 50 años de experiencia, María Estela Ríos nació el 4 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Ha sido consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador tanto en el Gobierno del Distrito Federal como en la Presidencia de la República. Actualmente dirige el Instituto Belisario Domínguez del Senado y cuenta con una sólida trayectoria como profesora, abogada y funcionaria.

Se tituló con mención honorífica en Derecho por la UNAM en 1970 y obtuvo maestrías en Ciencias Políticas y Sociales, y en Derecho Laboral. Ha sido profesora de Derecho Procesal en la UAM, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, directora del Registro Civil, procuradora de la Defensa del Trabajo y consejera jurídica en los gobiernos de López Obrador y Alejandro Encinas.

En 2021 regresó a la función pública como consejera jurídica del Ejecutivo federal. Promueve una justicia clara, rápida y con perspectiva social, con resoluciones comprensibles y mayor participación femenina en el ámbito jurídico.

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Su visión jurídica busca equilibrar derecho y justicia desde un enfoque humanista y progresista, impulsando propuestas como la democratización del conocimiento legal, la modernización judicial y la equidad de género. Convencida de combatir la corrupción, defiende una justicia imparcial, expedita y centrada en la dignidad humana.

Sara Irene Herrerías Guerra

La extitular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos en la Fiscalía General de la República (FGR), es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, cuenta además con una maestría en Criminología y es doctora en Ciencias Penales y Política Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Nacida el 25 de febrero de 1964 en la Ciudad de México, ha sido docente en la maestría en Criminología del Inacipe y coordinadora de Sistemas Administrativos en la Dirección de Capacitación de la CNDH.

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Con más de 38 años de experiencia en justicia, academia y organismos autónomos, fue secretaria proyectista en la Sala Penal del entonces Tribunal del Distrito Federal y, en 2008, asumió la dirección del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la CNDH.

Su carrera al interior de la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR, comenzó en 2009 cuando asumió como fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; entre 2011-2013 fue procuradora social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal.

Como asesora en la PGR, Irene Herrerías atendió a víctimas del operativo en el albergue “La Gran Familia” y coordinó un proyecto de prevención de violencia en infancia y adolescencia. También fue titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en Gobernación.

Entre sus propuestas destacan privilegiar el interés social, evitar el amparo para efectos y usar un lenguaje claro y accesible en las sentencias. Aboga por una justicia accesible, ágil, confiable, humana y restaurativa, centrada en resolver conflictos más que en formalismos.

Irving Espinosa Betanzo

Con una amplia trayectoria profesional de 28 años en los tres poderes, el abogado originario de la Ciudad de México es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, y especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública, además de estudios concluidos en Gestión Pública para el Buen Gobierno.

Actualmente, se desempeña como magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y la abogacía, destacando cargos como subprocurador jurídico, secretario técnico en el Congreso local y asesor parlamentario. Ha trabajado en el ámbito local como apoderado legal y en la Consejería Jurídica capitalina. Como litigante, ha ejercido en derecho contencioso-administrativo, laboral y constitucional, y es docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, además de miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

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Con un enfoque crítico del derecho, su trabajo promueve la justicia social, la transparencia y los derechos humanos, destacando propuestas como: combate a la corrupción con transparencia y colaboración institucional; capacitación en derechos humanos para servidores públicos; y un acceso a la justicia más cercano, sencillo y accesible, incluso vía redes sociales.

Bajo la convicción de que la justicia debe estar al servicio del pueblo, y no del mejor postor, Espinosa Betanzo impulsa una visión de la función jurisdiccional basada en principios y valores, no en favores, con el objetivo de erradicar la corrupción, dignificar la labor judicial y recuperar la confianza ciudadana, buscando siempre transformar las instituciones en beneficio colectivo.

Los nuevos rostros de la justicia