Morena propone impedir que las personas que no paguen impuestos puedan ocupar candidaturas o cargos públicos

El diputado de Morena, Agustín Alonso Gutiérrez, presentó una iniciativa que busca modificar el artículo 31 de la Constitución mexicana para establecer que las personas que no acrediten el pago de impuestos no puedan ser registradas como candidatas a cargos de elección popular ni ocupar puestos en la administración pública.

La propuesta, presentada el 14 de octubre ante la Cámara de Diputados, pretende que todo ciudadano interesado en un cargo público demuestre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

“La persona que no acredite estar pagando impuestos en cualquiera de las modalidades que establece la Ley o estar exento de hacerlo, no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular”, se lee en el documento.

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De aprobarse, la restricción también aplicaría para quienes sean nombrados en el servicio público. Alonso Gutiérrez sostiene que su planteamiento responde al principio constitucional de que todos los mexicanos deben contribuir con los gastos del Estado.

Una medida de Morena contra la evasión fiscal

El diputado de Morena señaló que la propuesta está dirigida a quienes nunca se han dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentan información falsa o se encuentran en procesos de cobro forzoso.

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Afirmó que el gobierno federal no ha incrementado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante las administraciones de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, pero que la Cuarta Transformación busca reforzar los mecanismos de fiscalización para combatir la evasión.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y deberá pasar a las comisiones correspondientes antes de llegar al Pleno. En caso de ser avalada, implicaría una reforma constitucional que modificaría los criterios de elegibilidad para cargos públicos en México.

Sheinbaum envía ley para combatir la extorsión a Cámara de Diputados

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de ley general de extorsión que busca homologar este delito en todo el país. La propuesta plantea reformas al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para que el delito se persiga de oficio y las víctimas puedan denunciarlo de forma anónima.

El proyecto también propone tipificar como delitos graves la emisión de comprobantes fiscales falsos y el contrabando, delitos que, según el Ejecutivo, se relacionan con el tráfico de mercancías, combustibles y precursores químicos.

La iniciativa contempla sanciones de 6 a 15 años de prisión, con 43 agravantes, entre ellas cuando el delito se cometa contra candidatos, migrantes, menores, mujeres embarazadas o adultos mayores. También se incluyen casos donde exista violencia, uso de menores o participación de funcionarios públicos.

“La extorsión es una conducta ilícita que, generalmente, se actualiza cuando una o varias personas coaccionan directa o indirectamente a otra u otras, para que dé, haga o se abstenga de entregar o realizar algo”, señala la exposición de motivos.

El documento propone sancionar no solo a los autores del delito, sino también a quienes los encubran o colaboren con ellos, e instruye a los directores de centros penitenciarios a implementar sistemas de bloqueo de señales para impedir comunicaciones desde el interior de las prisiones.

Con estas dos propuestas, Morena y el Ejecutivo federal buscan reforzar la rendición de cuentas y cerrar espacios a la corrupción y a los delitos económicos.

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RB