“No cumplió sus promesas”: rondas campesinas azotan a alcalde en Perú por incumplir obras (VIDEO)

Un hecho insólito y polémico ocurrió en la región de Piura, Perú, donde el alcalde provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera, fue azotado públicamente por integrantes de las rondas campesinas del caserío de Hualcuy.

El castigo ocurrió durante una asamblea comunal en la que los pobladores acusaron a la autoridad de incumplir promesas de obras públicas y no atender las necesidades de la zona. Los campesinos decidieron aplicar un correctivo bajo sus usos y costumbres, propinándole 12 azotes frente a decenas de testigos.

Te puede interesar: Mara Lezama da bienvenida al crucero Celebrity Xcel en Cozumel, primer puerto que toca en el mundo

“Yo no he robado al pueblo”: la defensa del alcalde

Durante la confrontación, el alcalde intentó defenderse argumentando que las fallas en la ejecución de las obras se debieron a errores de contratistas y no de su gestión directa.

“Yo no he robado al pueblo, no tengo por qué pedir disculpas. Los errores fueron de personas que contraté y que no cumplieron”, declaró Quinde Rivera ante los comuneros.

A pesar de sus palabras, los ronderos mantuvieron su decisión de aplicar el castigo físico como símbolo de sanción moral y comunitaria.

Reclamos por obras inconclusas y falta de transparencia

Los pobladores del caserío señalaron que varios proyectos prometidos —entre ellos canaletas, defensas ribereñas y puentes rurales— siguen paralizados o con avances mínimos. La molestia se agudizó tras la ausencia del alcalde en reuniones comunitarias y la falta de comunicación sobre el destino de los recursos municipales.

Este incidente refleja un profundo desgaste en la relación entre autoridades locales y comunidades rurales, donde el incumplimiento de compromisos ha derivado en medidas de justicia comunal.

Rondas campesinas: tradición y conflicto legal

Las rondas campesinas son organizaciones reconocidas por la ley peruana como parte de los mecanismos de justicia comunal. Sin embargo, su actuación debe mantenerse dentro de los límites del respeto a los derechos humanos y al marco constitucional.

Reacción oficial y denuncia

Tras el incidente, la Municipalidad Provincial de Ayabaca rechazó el uso de la violencia y reiteró que los conflictos deben resolverse a través del diálogo y las vías institucionales.

El alcalde presentó una denuncia formal ante la comisaría local, responsabilizando a los dirigentes ronderos por las agresiones físicas sufridas. En tanto, el Ministerio Público de Piura abrió una investigación preliminar para determinar responsabilidades.

El caso ha reavivado el debate en Perú sobre los límites entre justicia comunal y justicia ordinaria. Para algunos sectores, la sanción al alcalde simboliza el hartazgo ciudadano frente a la corrupción y la ineficacia municipal; para otros, representa una violación a los derechos humanos y a la autoridad del Estado.

Organizaciones civiles han pedido al Gobierno reforzar la capacitación de las rondas campesinas y promover mecanismos formales de rendición de cuentas para evitar hechos similares.

Te puede interesar: Expo Transporte ANPACT 2025: México afianza su liderazgo en vehículos pesados