Reforma a pensiones 2026: Sheinbaum propone nuevo límite de jubilaciones ¿A quién afecta?
La iniciativa busca reformar el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de fijar un tope máximo a ciertas pensiones consideradas elevadas dentro de organismos del Estado y empresas públicas.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional donde se dedicó a presentar la propuesta de reforma que se mandará a a congreso sobre las pensiones millonarias para altos mandos de empresas como PEMEX.
/Andrea Murcia Monsivais
La mañana del miércoles 18 de febrero de 2026, el Gobierno federal anunció una iniciativa de reforma constitucional enfocada en establecer límites a las pensiones y jubilaciones financiadas con recursos públicos. La propuesta fue presentada durante la conferencia matutina presidencial y forma parte de una estrategia para modificar reglas sobre remuneraciones dentro del servicio público.
La iniciativa busca reformar el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de fijar un tope máximo a ciertas pensiones consideradas elevadas dentro de organismos del Estado y empresas públicas. Autoridades federales señalaron que la medida pretende homologar criterios salariales y reducir el gasto derivado de jubilaciones que superan los ingresos actuales de altos cargos públicos.
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Reforma a pensiones 2026: cuál es el nuevo límite a jubilaciones de funcionarios públicos
La consejera jurídica de Presidencia, Esthela Damián, explicó que la iniciativa modifica el artículo 127 constitucional, el cual regula cuánto pueden recibir los servidores públicos por concepto de remuneraciones pagadas con recursos del Estado.
El cambio central consiste en establecer que las pensiones de exfuncionarios y personal de confianza no podrán superar un monto equivalente a la mitad del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. Con base en las percepciones actuales, el límite estimado sería cercano a 70 mil pesos mensuales.
La propuesta incluye una excepción específica: las pensiones o jubilaciones contempladas dentro de condiciones generales de trabajo podrán mantenerse bajo los términos previamente establecidos. Esto implica que ciertos derechos laborales derivados de contratos colectivos o acuerdos institucionales podrían conservarse dependiendo de su marco jurídico.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa busca eliminar esquemas considerados privilegiados dentro del sector público sin modificar las pensiones ordinarias de trabajadores afiliados al IMSS o ISSSTE.
Pensiones altas en Pemex, CFE y otras instituciones: datos presentados por el Gobierno
Durante la conferencia matutina, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó un diagnóstico detallado sobre el pago de pensiones en distintas dependencias y empresas del Estado, información que fue utilizada como base para justificar la iniciativa de reforma constitucional a las pensiones.
Las cifras oficiales muestran que varios organismos públicos mantienen esquemas de jubilación para personal de confianza cuyos montos superan ampliamente el promedio nacional de pensiones y, en algunos casos, incluso las percepciones de la Presidencia de la República.
En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), el padrón reportado incluye 22,316 personas jubiladas bajo el régimen de confianza, con un gasto anual de 24,844 millones de pesos. Dentro de este universo:
- 544 pensionados reciben ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal, lo que representa un costo anual de 1,827 millones de pesos.
- 618 casos superan el ingreso anual bruto del director general de Pemex.
- 1,096 jubilaciones exceden el máximo establecido en el tabulador salarial vigente de la empresa.
- En promedio, algunas pensiones llegan a ser hasta 39 veces mayores que el promedio nacional.
Respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se informó que existen 54,008 personas jubiladas del régimen de confianza, con un gasto anual aproximado de 40,950 millones de pesos. Entre los hallazgos destacados:
- 2,199 pensionados perciben montos superiores al salario presidencial, con un costo anual estimado en 4,496 millones de pesos.
- 45,680 casos superan la pensión más alta registrada en el ISSSTE (35,193 pesos mensuales).
- 8,157 jubilaciones rebasan el monto máximo de pensión del IMSS (89,685 pesos mensuales).
En la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, el padrón actual contempla 14,073 extrabajadores jubilados, cuyo pago anual asciende a 28,074 millones de pesos. Según los datos oficiales:
- 9,457 extrabajadores (67%) reciben pensiones que van de 100 mil a 1 millón de pesos mensuales.
- 3,504 jubilaciones superan el sueldo neto mensual de la Presidencia.
- El gobierno federal subsidia el pago del ISR de estos pensionados con recursos públicos por 2,367 millones de pesos.
- Algunas pensiones alcanzan hasta 140 veces el promedio nacional, estimado en alrededor de 7,092 pesos mensuales.
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En instituciones financieras del Estado también se identificaron casos similares. En Bancomext, con 966 jubilados, el gasto anual alcanza 766 millones de pesos:
- 22 pensionados reciben montos superiores al ingreso presidencial, equivalentes a 45 millones de pesos anuales.
- 499 casos superan la pensión máxima del ISSSTE.
- 83 jubilaciones exceden el límite más alto del IMSS.
Por su parte, Banobras cuenta con 1,521 personas jubiladas, con un costo anual de 1,029 millones de pesos:
- 19 pensionados superan las percepciones presidenciales, con un impacto anual de 37 millones de pesos.
- 1,074 pensiones están por encima del máximo del ISSSTE.
- 142 casos exceden la pensión más alta del IMSS.
En Nacional Financiera (Nafin) se reportaron 1,449 jubilados, con un gasto anual de 643 millones de pesos:
- 9 pensionados reciben ingresos superiores al salario presidencial, equivalentes a 16 millones de pesos anuales.
- 567 casos superan el límite de pensión del ISSSTE.
- 97 jubilaciones rebasan el monto máximo establecido en el IMSS.
Las autoridades señalaron que estos datos reflejan la existencia de regímenes de retiro heredados de esquemas anteriores, principalmente vinculados a personal de confianza y altos mandos. Según la información presentada, estas cifras fueron utilizadas como sustento técnico para proponer la modificación constitucional que busca establecer límites a las pensiones financiadas con recursos públicos.
A quién afectaría la reforma de pensiones y qué cambios habría si se aprueba
De acuerdo con la información presentada, la reforma estaría dirigida principalmente a determinados regímenes de jubilación dentro del sector público federal. Los grupos contemplados incluyen:
- Personal de confianza y altos mandos en empresas productivas del Estado.
- Exfuncionarios con esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos.
- Jubilaciones pagadas directamente por dependencias federales fuera de los sistemas generales del IMSS e ISSSTE.
- Pensiones que actualmente superan las percepciones del Ejecutivo federal.
- Regímenes heredados de organismos en liquidación o con estructuras anteriores a reformas laborales recientes.
El Gobierno federal estimó que la medida podría generar un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos, recursos que serían destinados a programas sociales federales.
La iniciativa será enviada al Senado para iniciar el proceso legislativo correspondiente. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere mayoría calificada en el Congreso y la aprobación de congresos estatales antes de entrar en vigor.
La propuesta presentada el 18 de febrero de 2026 plantea establecer un nuevo límite constitucional a pensiones financiadas con recursos públicos, enfocándose en jubilaciones de altos mandos dentro de organismos estatales y empresas productivas del Estado. El objetivo oficial es reducir diferencias entre pensiones elevadas y el promedio nacional, además de generar ahorros presupuestales.
El debate legislativo definirá el alcance final de la reforma y qué esquemas quedarán incluidos dentro del nuevo marco legal. Mientras avanza la discusión en el Senado y posteriormente en las entidades federativas, el tema se perfila como uno de los principales cambios en materia de remuneraciones públicas y gasto gubernamental del año.
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