Sheinbaum presenta iniciativa de Leyes contra la Extorsión con penas más severas
El Gobierno federal envió al Congreso la Ley contra la Extorsión, que busca unificar criterios penales y fortalecer la prevención y sanción de este delito en todo el país

Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Leyes contra la Extorsión para establecer penas homogéneas.
/Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro
En la conferencia matutina del 17 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la iniciativa conocida como Leyes contra la Extorsión, cuyo objetivo es establecer un marco legal uniforme en todo el país para combatir este delito. La propuesta busca fortalecer la prevención, investigación y sanción de las prácticas extorsivas que afectan a la población y a diversos sectores económicos.
Reforma constitucional y bases legales
Durante la presentación, Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica de la Presidencia, explicó que el 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión. Esta reforma permite establecer lineamientos nacionales para perseguir el delito bajo los mismos criterios, sin importar el estado donde ocurra.
La iniciativa contempla ajustes al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de armonizar los mecanismos de persecución y sanción.
En la #MañaneraDelPueblo de hoy, presenté los aspectos generales del Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.
— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) October 17, 2025
Les invito a conocer mi participación para conocer los detalles de esta iniciativa, misma que forma parte de la estrategia… pic.twitter.com/ai7s7OHlMk
Te puede interesar: Senado declara constitucional reforma contra la extorsión; ¿en qué consiste la propuesta?
Coordinación entre los tres niveles de gobierno
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de mecanismos de cooperación entre autoridades federales, estatales y municipales. Esta coordinación pretende evitar vacíos legales o diferencias en los criterios de investigación, garantizando que el delito de extorsión se combata de forma homogénea en todo el territorio nacional.
Según Godoy Ramos, la ley establecerá un tipo penal básico con los elementos indispensables para la integración de carpetas, obtención de sentencias y ejecución de sanciones.
Penas y agravantes por extorsión
La iniciativa plantea penas de 6 a 16 años de prisión para quienes cometan extorsión, con la posibilidad de incrementarlas según las circunstancias del caso. Entre los agravantes considerados se incluyen:
- Cuando el delito lo cometen servidores públicos.
- Si se dirige contra personas migrantes o menores de edad.
- Cuando se ejecuta desde centros penitenciarios.
Además, el delito será considerado susceptible de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado asegurar y administrar los bienes obtenidos de forma ilícita.
Sigue leyendo: Estrategia nacional contra la extorsión: ¿En qué estados habrá operativos en cárceles?
Llamado al uso del número 089 para denuncias
Ernestina Godoy resaltó la importancia del número 089, una línea de denuncia anónima que opera en todo el país para reportar casos de extorsión. Subrayó que fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de denuncia es crucial para reducir este delito.
“El 089 es un canal seguro y confidencial para las víctimas. La denuncia es fundamental para actuar contra las redes de extorsión”, afirmó Godoy Ramos.
Alcance de la ley y políticas transversales
La propuesta de Leyes contra la Extorsión también incorpora acciones y políticas públicas transversales, orientadas a la prevención y atención de víctimas. Incluye componentes de análisis financiero, cooperación interinstitucional y persecución del delito como actividad económica criminal, no solo como un acto individual.
Las autoridades federales destacaron que esta iniciativa responde al aumento de modalidades de extorsión, tanto telefónica como digital, y a la necesidad de contar con instrumentos legales más eficaces para frenarlas.