Vivienda social en Nuevo León se encarece: ¿cómo impacta el Impuesto Verde y los cobros irregulares?

El encarecimiento de la vivienda de interés social en Nuevo León se explica por una combinación de factores que incluyen el aumento en insumos de construcción y señalamientos de cobros irregulares a desarrolladores. Datos difundidos por El Norte ubican al llamado “Impuesto Verde”, aplicado a pedreras desde 2022, como uno de los elementos que han impactado la cadena de costos del sector.

De acuerdo con desarrolladores consultados, la entrada en vigor del gravamen coincidió con alzas en materiales clave como triturados, block, cemento y yeso. Este comportamiento se trasladó al precio final de las viviendas dirigidas a familias de menores ingresos.

Escalada en insumos y efecto en precios

Un estudio elaborado por desarrolladores del estado reporta que el precio de la vivienda social acumula un incremento de 52% desde 2019. En ese periodo, materiales como arena y grava registraron aumentos de hasta 188%, mientras que otros insumos superan el 100%, como el block, con alzas cercanas al 100%.

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El impacto varía según el tipo de vivienda. En casas de un nivel, de alrededor de 48 metros cuadrados, el incremento alcanza cerca del 57%. Para unidades de dos niveles, de aproximadamente 62 metros cuadrados, el alza ronda el 50%, mientras que en viviendas de mayor tamaño se ubica cerca del 49%.

Desarrolladores señalaron que este contexto obligó a retirar del mercado algunos proyectos de vivienda social, al rebasar los precios la capacidad de compra de los potenciales adquirentes.

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Señalamientos por pagos y presión administrativa

A los costos de materiales se suman reportes del sector sobre cobros irregulares en trámites municipales. La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Nuevo León indicó que estos cargos pueden representar entre 2% y 3% del valor total de los proyectos.

El presidente estatal del organismo, Javier Treviño, declaró que estas prácticas forman parte de un “modus operandi” que incluye pagos para agilizar trámites, autorizaciones o permisos de uso de suelo.

Según Canadevi, las solicitudes no se limitan a dinero. En algunos casos, se piden aportaciones en especie como participación en desarrollos, entrega de tierra o unidades habitacionales. El organismo también reportó que estos esquemas se replican en distintos municipios y que los retrasos administrativos pueden utilizarse como mecanismo de presión.

En paralelo, organismos empresariales documentaron cobros en otros sectores, como el transporte, donde se han señalado montos de hasta 30 mil pesos mensuales para permitir operaciones en ciertos municipios.

Conflicto en sector extractivo

El entorno se desarrolla en medio de una confrontación entre la empresa Matrimar y el gobierno estatal encabezado por Samuel García, relacionada con clausuras, auditorías y el pago del impuesto ambiental.

La compañía sostiene que está al corriente en sus obligaciones fiscales y cuenta con suspensiones judiciales federales para reabrir operaciones. Por su parte, autoridades estatales han señalado la existencia de adeudos millonarios.

El caso escaló tras la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” a la empresa para facilitar su operación. Esto derivó en denuncias por presunta extorsión y en la petición del Congreso local para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

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En este escenario, desarrolladores y organismos empresariales coinciden en que el aumento de insumos, las cargas fiscales y los señalamientos de cobros irregulares inciden en el costo de la vivienda en Nuevo León, con efectos más visibles en el segmento social y en la disponibilidad de nuevos proyectos.