A pocos sorprendería que la captura del exgobernador Javier Duarte de Ochoa será un “éxito” que, por ahora, se está administrando y que lo detendrán cuando sea el mejor momento para la agenda política. Esto no sería algo nuevo. Ha ocurrido en otros casos años atrás, como cuando algún gran capo de la droga era capturado cerca de febrero, justo antes de que Estados Unidos certificara a México en su efectivo trabajo contra el narcotráfico.
La diferencia es que, en el caso de este priista al que sus primeros cuatro años todos sus correligionarios querían, pero que desde hace siete semanas está huyendo y es defenestrado, es evidente cómo se administra su fuga y próxima captura, cóm grupos al interior del gobierno le brindan protección. La información de quienes están cerca del caso lo confirma.
El primer dato importante sobre la fuga de Duarte de Ochoa es que dos semanas antes de pedir licencia, se le monitoreó no sólo por una dependencia, sino por tres: Marina, Procuraduría General de la República (PGR) y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). No sólo se le siguió en cada reunión que sostuvo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 15 días previos a dejar el gobierno, sino que se le siguió hasta la frontera con Estados Unidos, donde se le fotografió y documentó cómo quiso sacar una visa como inversionista, que le fue negada y hasta se le retiró la de turista, igual que a su esposa y cuñados. Desde entonces, las agencias estadunidenses comenzaron a investigar las operaciones financieras e inversiones de la familia Duarte y su esposa Karime Macías, y colaborar informalmente en el rastreo del exgobernador. Luego, el Cisen emitió una ficha tipo A, que es confidencial, sensible y prioritaria, para que todos los pasos migratorios del país notificaran y, en su caso, impidieran la salida del exmandatario.
Otros detalles que no se conocen es que las fuerzas federales colocaron un equipo de vigilancia técnica (vía telefónica y video) y humana para monitorear a Duarte tras su salida del gobierno. Así documentaron sus últimas reuniones con cercanos colaboradores, uno de ellos el actual diputado federal Alberto Silva Ramos, visitas a viejos amigos y su salida de Veracruz, utilizando un helicóptero del gobierno estatal que se dirigió a Coatzacoalcos, donde llevó a sus hijos con sus abuelos, Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmin Tubilla.
Por tierra huyó con su esposa Karime hacia Yucatán. El principal grupo de seguimiento le perdió la pista en Mérida, porque allá fue ayudado para esconderse y provino de grupos de políticos ya identificados, que recibieron la petición. El monitoreo de sus movimientos continuó intermitente, pese a que cambió para entonces números de celulares y dejó de comunicarse directamente con su familia y amigos. Cuando el rastro se pensó que era difuso, fue entonces que la Marina intensificó su presencia sobre familiares, colocó sistemas de vigilancia telefónica y directa afuera de las casas de primos, tíos, cuñados y suegros de Duarte.
En paralelo se seguía a Moisés Mansur, José Armando Rodríguez Ayache y Jaime Porres, todos ellos empresarios amigos y “socios” del exgobernador. Sus conversaciones y tibios acercamientos con algunas autoridades para tratar de zafarse del problema les arrojaron más datos sobre propiedades y movimientos del priista prófugo. Otro grupo de seguimiento mantuvo la vigilancia sobre sus abogados e identificaron a dos personas de confianza, uno de ellos familiar, que fueron los enlaces para obtener dinero o firmar documentos.
Fue precisamente el seguimiento por más de un mes, en especial de la Policía Federal, que los llevó al aeropuerto de Tapachula, donde llegó Mario Medina Garzón, quien llevaba los pasaportes falsos de Duarte y su esposa, pero a nombre de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga, y que los entregaría a personas en Guatemala.
No los recibiría el exgobernador, pero sí uno de sus enviados. Personas muy cercanas al caso aseguran que con los cambios en la PGR se dio un viraje y desde allí “reventaron” el seguimiento a Medina Garzón el 11 de noviembre, poco antes de que entregara los pasaportes fue detenido. También fue la Procuraduría que días más tarde orquestó la filtración de la información de la captura, utilizando a la fiscalía estatal como supuesta fuente y luego hasta fotografía de los pasaportes difundieron.Están cerca, muy cerca del gobernador, pero es de esos casos en los que se protegen los intereses no el personaje, de allí la administración de la impunidad. Son más de dos décadas de explorar en el periodismo desde un enfoque de seguridad nacional. @Gosimai