María Idalia Gómez

Si al comparar 2020 con 2018, la reducción en homicidios en el país es de apenas 0.28 por ciento, es decir, si la tendencia en promedio en el país puede ser asesinado o desaparecer un periodista cada mes, y ser asesinado un policía cada día, entonces por más justificaciones que se ofrezcan existe una sola realidad, la “estrategia” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un fracaso.

Aunque es cierto que los gobiernos estatales deben asumir, cada uno, su responsabilidad, porque son los delitos del fuero común los que crecen o se mantienen estancados en tasas altísimas, también es cierto que sólo las acciones coordinadas pueden revertir esta violenta realidad del país, no serán suficientes los esfuerzos aislados y, por tanto, la Federación ni siquiera ha tenido la capacidad para ser aglutinar los esfuerzos locales y regionales.

Si esta misma tendencia se mantiene, la administración de López Obrador prácticamente será tan gris en materia de seguridad como lo fue la de su antecesor, Enrique Peña Nieto, pero con un ingrediente adicional: habrá mayor deterioro en las instituciones públicas y sociales; es decir, una sociedad con mayores vulnerabilidades.

Las cifras dadas a conocer esta semana por el Inegi y que nos ofrece un mapa de la realidad, da la oportunidad al gobierno de López Obrador para reconocer que algo está muy podrido y replantearse lo que se debe hacer y cómo.

En 2020 fueron asesinadas 36 mil 579 personas; en 2019 murieron 82 personas menos, y en 2018 en total se registraron 36 mil 685 homicidios, 106 más personas que este año; es decir ocho personas menos cada mes, de acuerdo al Inegi; es una buena noticia pero no es suficiente y como plantean los especialistas es evidente que no responde a una estrategia sino en todo caso a la suerte.

El deterioro institucional que encontró este gobierno y el nivel de violencia de los grupos criminales, claramente son temas que puedan ser resueltos en poco tiempo; pero sí deberían reflejarse los primeros efectos de la nueva visión que dice tener López Obrador sobre el tema. 

Especialmente si ya no existe la corrupción en la administración, como tanto gusta pregonar a los funcionarios morenistas, pues es la primera grieta que permite que el engranaje criminal funcione.

Pero no existe. No hay una nueva visión integral que frene y revierta la violencia en el país, de ser así ya sería el tiempo para que se asomaran los primeros efectos, como una real disminución de la impunidad, mayor confianza en los cuerpos de seguridad o un menor miedo ciudadano por transitar a cualquier hora. Y es que ni siquiera existe un diagnóstico.

En este momento los grupos criminales tienen la capacidad de desestabilizar regiones importantes del territorio, porque tienen las armas y el número de integrantes para hacerlo, sus ejércitos son superiores en muchos sentidos a las corporaciones policiacas. 

Por ahora se puede observar esto con claridad en zonas de Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, pero su capacidad es expansiva. En otras regiones, la penetración en las comunidades es silenciosa y efectiva, apropiándose de la economía y la seguridad de municipios en el norte y sur del país.  El tiempo se agota y los discursos no es suficiente. 

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