La reunión fue cordial, amable, hasta con algunas bromas y varias sonrisas. Pero en el fondo hubo tensión y desconfianza, no sólo porque es una Suprema Corte de Justicia mucho más inclinada a la derecha que hace 20 años (y más panista y priista); sino porque los ministros no confían en las jugadas que, saben, hará Andrés Manuel López Obrador.
El viernes 10 de agosto se reunieron. Se había dispuesto, con dos micrófonos y sillas para los medios de comunicación, uno de los espacios del edificio judicial ante la posibilidad de un mensaje tras el desayuno; al final todo se desmontó y no se utilizó. Algunos aseguran que el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, realmente sí consideró posible el dirigir algunas palabras, junto con el presidente electo, a los periodistas; como muestra de cordialidad, respeto entre poderes y de trabajo conjunto. Pero ese escenario no se concretó, porque entre charla y charla López Obrador habló de respeto a los jueces y su admiración por varios de ellos, pero también mencionó su idea de austeridad y de cambio.
Los primeros en organizarse en un frente de defensa fueron los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Bastó que el domingo se confirmara el triunfo electoral del tabasqueño, para que jueces y magistrados intensificaran sus reuniones para llegar a acuerdos comunes, y no sólo eso, para que escalaran hasta los ministros de la Corte.
Hace cinco semanas, el martes 10 de julio, sostuvieron la primera reunión con el ministro Luis María Aguilar, los coordinadores de jueces de Distrito y magistrados de circuito, y allí definieron la postura que adoptarían de cara a las intenciones de López Obrador en torno a ajustar los salarios, compensaciones y prestaciones de los integrantes del Poder Judicial Federal. El acuerdo, un frente común, incluso si es necesario enfrentarlo por la vía legal.
Al principio, el presidente de la Corte se lanzó públicamente a defender todos los beneficios laborales que tienen. Le recomendaron que mandara un mensaje positivo para poder dialogar con López Obrador. Pidió a todas las áreas administrativas del Poder Judicial de la Federación que revisaran en dónde se podían hacer recortes y días más tarde anunció que la disminución se haría en gastos no prioritarios, además de revisar las inversiones en bienes e inmuebles. Pero el mensaje fue insuficiente para el presidente electo, pues su equipo calculó que eso sería insignificante, apenas una reducción de tres a 5% de su presupuesto, que en este año fue de 71 mil millones de pesos.
Para López Obrador la ecuación es simple: cómo el Poder Judicial de la Federación que se integra de 13 mil 694 personas tiene casi 60% del presupuesto de toda la Secretaría de Salud, por ejemplo. Pero, además, los informes que recibe no sólo hablan de un enorme burocratismo jurisdiccional, también de corrupción no sancionada, más bien tolerada.
Si bien Olga Sánchez Cordero ha tratado de mediar y sensibilizar a las dos partes, es inevitable, será la primera gran confrontación del sexenio de López Obrador. Su equipo ya trabaja en una estrategia sencilla: ha hecho una radiografía de los gastos de todo el Poder Judicial. Por supuesto, ha encontrado que los ministros gozan de dos asistentes personales y un chofer, el pago de todos sus boletos de viaje, el cambio de vehículo; gastos de representación para comidas, cenas y desayunos; ayuda para pago de escuelas de sus hijos, pago de toda la gasolina y mantenimiento de vehículos; servicio de gastos médicos mayores; inscripción a cursos de capacitación; apoyo para compra de vestuario y su mantenimiento; además de sus bonos.
Algunos jueces y magistrados también tienen bastantes beneficios para capacitación, algunos tienen chofer asignado, ayuda para automóvil, su mantenimiento y pago de gasolina; un fondo de retiro; bonos de riesgo, de productividad, de antigüedad, ayuda escolar para sus hijos, seguro de gastos médicos mayores, gastos de representación o descuentos en alimentos.
El presidente electo los invitará a hacer recortes significativos, especialmente en todos esos servicios y beneficios que podrían pagar con su salario, y en la aprobación de su presupuesto se prevé disminuirles de entre 10 y 15%, a partir de esas cifras será la negociación que incluirá hablar de los familiares contratados como empleados o de las empresas prestadoras de servicios con vínculos familiares con funcionarios judiciales.
El problema del Poder Judicial es que ha ido disminuyendo su credibilidad ante la sociedad, un arma que López Obrador también utilizará.