En esta semana se confirmó lo que ya se decía desde hace más de un año: los cárteles utilizan drones y lo hacen muy bien, al menos para lo que necesitan: seguridad, promoción, planear y ejecutar sus ataques.
Y en el lado contrario, las autoridades desde 2010 y 2011 han comprado drones y fabricado los propios, pero prácticamente no los utilizan.
Por ejemplo, en la Fiscalía General de la República los que se compraron, con alta tecnología para llevar a cabo investigaciones y operativos, en este gobierno se quedaron arrumbados. Algo similar ocurrió con la Policía Federal, pero esa corporación los dejó olvidados años antes. Los pretextos, muchos: falta de mantenimiento, no tener todos los insumos y hasta carecer del entrenamiento. Esto último es cierto, los miembros de la Fiscalía fueron despedidos y en la policía varios de ellos también.
Las Fuerzas Armadas tienen varios drones, algunos de ellos de producción propia, pero no se utilizan en operativos, y la Guardia Nacional no tiene un área especializada para su manejo, así que sólo se los pueden prestar con todo y personal.
Es tanta la carencia de recursos y falta de visión, que ni Migración tiene drones para vigilar las fronteras, que podrían ser muy útiles, igual que los radares. Tampoco aduanas o el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo.
Los que sí tienen drones y los usan, son los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que sigue evolucionando, como lo aseguran las agencias de Estados Unidos, y lo comprobamos en México en cada uno de sus enfrentamientos entre organizaciones o contra la autoridad.
El último episodio, visible y demostrable ocurrió en Aguililla, Michoacán, lo que obligó al secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, a reconocer este miércoles que sí se usaron drones por parte de los criminales, que hirieron a militares y que fueron dos personas detenidas por ser los operadores. Aunque no dijo más el general, fue suficiente.
Los cárteles se han adaptado y han logrado aumentar sus importaciones de armas de gran capacidad de fuego para tierra y aire, sistemas de intercomunicación encriptados, vehículos blindados de todo tipo, y por supuesto, drones, que no son tan sofisticados (de calidad militar), pero suficientes para las tareas que ellos utilizan: promoción, seguridad, contención y ataque.
Con ese equipo han lanzado sus videos en redes regalando despensas y saludando a los pobladores; también controlan zonas del territorio donde tienen sus campamentos, por donde se movilizan, para el radio de seguridad de los lugares en donde están los líderes. También los usan para planear un ataque, moverse de manera eficaz en una confrontación o repelerla. La información que obtienen de su vigilancia les permite identificar la capacidad del personal de seguridad del gobierno, sus armas, y movimientos.
Si por ejemplo, en la detención de Ovidio Guzmán López —hijo de Joaquín Guzmán El Chapo— se hubieran usado drones para identificar las rutas libres para huir con el detenido o la capacidad real de los criminales en la toma de la ciudad, otra cosa hubiera sido. Pero no fue el caso.
Los reportes que estuvieron llegando en las últimas semanas a la mesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el aumento en la capacidad de ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación contra la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, provocaron que el mandatario aceptara que los militares salgan de compras, en breve, de equipo con mayor tecnología que incluye armas para protegerse y someter a los criminales.
Pero es insuficiente, mientras siga llegando equipo desde Estados Unidos y Asia para los grupos criminales, sólo se incrementará el nivel de fuego en cada confrontación. Falta estrategia.
