Mucha indignación causó la forma en que una mujer confrontó a un policía en la Ciudad de México para evitar que éste colocara un inmovilizador a su Mercedes-Benz: “¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio!”, se aprecia en el video que se volvió viral a inicios de este mes. Los usuarios de redes sociales hicieron visible el caso y lo criticaron. También publicaron la identidad de la mujer en cuestión, difundieron sus adeudos habitacionales e, incluso, mostraron otro video en el que se le veía discutiendo con igual intensidad con vigilantes de su edificio. Mas aún, trascendió que se habría presentado una denuncia penal ante la fiscalía capitalina y una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Así pues, la ciudadanía alzó la voz, reivindicó una feroz condena al racismo que impera en México y generó las condiciones para que estos casos sean efectivamente perseguidos.
No seré yo quien diga que los actos racistas deben tolerarse. Después de todo, he vivido en carne propia el racismo mexicano desde que tengo uso de razón. Sin embargo, es preciso desmenuzar el fenómeno de crítica social observado en este caso, porque hay algo en él que me suena equivocado. Algo torcido que es preciso denunciar.
En primer lugar, está la documentación, publicación y visibilización del caso: los presentes observan que algo no está bien en el insulto al policía y, por ello, graban la discusión y la comparten en redes sociales. Después de todo, ¿cómo puede haber consciencia y debate sobre un fenómeno socialmente relevante si este no se conoce? Así pues, otros usuarios ven la grabación, consideran que debe difundirse y deciden compartirla; sus seguidores, a su vez, hacen lo propio y ahora el caso ha sido expuesto de manera exponencial. Hasta aquí, un proceso que se da en el marco de la libertad de información socialmente útil, un prerrequisito para la discusión propia de una sociedad sana.
De ahí tenemos, como segundo elemento, la conversación pública sobre el suceso. Se trata de la opinión que expresamos acerca del video. Aquí entra la condena al racismo, la condena al clasismo y nuestra opinión sobre el deber de respetar la función pública del oficial de policía. También aquí está la conversación sobre si se han actualizado o no infracciones administrativas o delitos y, en todo caso, sobre si las leyes debiesen reformarse para castigar o castigar aún más este tipo de conductas. Se trata del contraste de ideas que, de manera natural, abona a que cada quien pula su tren de pensamiento. Es el debate público en sí mismo, el cual contribuye a una sociedad responsable e involucrada en la construcción de sus valores.
No obstante, observo, adicionalmente, un tercer aspecto particularmente delicado. Un fenómeno que deja atrás la difusión de información y el debate, para erigirnos en jueces que sobajan socialmente a la infractora. No me refiero a las denuncias y quejas que se presentan ante las autoridades competentes (después de todo, si hay algún rol de la sociedad en el castigo, es precisamente la denuncia). Me refiero, más bien, al escarnio: al castigo colectivo a través de la denigración pública. Me refiero a las expresiones xenófobas particularizadas, a las burlas sobre la apariencia de su hijo, a la filtración de sus deudas y a las ofensas y agresiones que pretenden “dar su merecido”. Aquí ya no hay debate público, sólo humillación.
Habrá quien sostenga que, en todo caso, la mujer en cuestión se lo ha ganado. Sin embargo, si bien la agresión al policía es injustificable, también lo es el linchamiento narcisista disfrazado de virtud. Esa violencia colectiva que es producto del natural impulso humano a condenar al otro a partir de una falsa superioridad. Una condena que nos ayuda a disfrazar de combate al racismo el ocultamiento de los vicios propios. ¿O quién de ustedes puede decir que es un producto terminado?
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez
