Así como este gobierno sostiene que la violencia no se puede combatir con violencia, las autoridades no pueden renunciar a investigar y, en su lugar, ofrezcan beneficios a los que son señalados por testigos y víctimas como criminales.
Esta última semana se han dado cuatro hechos muy importantes en torno al caso Ayotzinapa. Dos de ellos tienen que ver con los hermanos Sidronio y José Ángel Casarrubias, identificados por las autoridades de México y Estados Unidos como líderes del Cártel de Guerreros Unidos, quienes extrañamente y sin dar explicaciones fueron enviados a hospitales por problemas de salud; un traslado y argumento similar al que se dio con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
El tercer hecho fue que el subsecretario Alejandro Encinas reveló que el juez Samuel Ventura Ramos, de quien se quejó, le negó a la Unidad Especial para el caso una orden de aprehensión contra 46 presuntos implicados en el caso de Ayotzinapa, entre ellos autoridades locales, que había anunciado poco antes el fiscal Alejandro Gertz Manero como parte de las nuevas investigaciones.
El cuarto hecho es que familiares de los estudiantes de Ayotzinapa (en un reportaje de Latinus) cuestionaron públicamente, por primera vez, al Comité Estudiantil de la Normal de Ayotzinapa y a sus líderes, y exigieron que se les investigue, porque entre otras cosas habían acordado que los estudiantes de primer ingreso no saldrían de la escuela y, sin embargo, los sacaron y los llevaron a Iguala, donde desaparecieron.
Esto último no sólo habla de una fractura interna, que podría ser algo menor, sino que los padres de familia, los que han mantenido su lucha sin protagonismos —como sí lo han hecho abogados, líderes y organizaciones—, tocan un punto medular no explicado hasta ahora ni investigado a fondo, pero sí mencionado en el expediente que fue trasparentado por la antigua PGR en 2015 y señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): el inexplicable traslado de los estudiantes a Iguala por parte del Comité Estudiantil, y los elementos que existen contra líderes de la normal por venta de drogas al interior del plantel y su relación con el grupo criminal de Los Rojos, antagonistas de Guerreros Unidos.
Retomando el traslado de los hermanos Casarrubias a hospitales por motivos de salud, cabe recordar que la Oficina que investiga el caso y dirige Omar Gómez Trejo no ha sido transparente, como prometió lo sería, para reconocer que Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y a quien más de una decena de testigos lo identifican como una de las personas que operó la desaparición de los normalistas porque los identificó como miembros de Los Rojos, es ahora testigo colaborador. Por lo que no sería extraño que los dos hermanos Casarrubias o alguno de ellos también se convirtiera en testigo protegido.
Es decir, de confirmarse, en lugar de investigar, se estarían ofreciendo beneficios legales a los que son señalados como responsables, con tal de llegar a lo que llaman la “nueva verdad”, que no es tal.
Pero aquí hay que sumar unos pasajes del pasado importantes. De acuerdo a las actas del expediente e incluso a documentos de las investigaciones de la DEA, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), del que era secretario Omar Gómez Trejo, acompañaron física y legalmente en la presentación de denuncias penales ante la entonces PGR a los familiares de El Gil (por tortura y abusos de autoridad, entre otros presuntos delitos), lo mismo que asesoría en la tramitación de amparos y presentación de quejas ante la CNDH.
En una de esas denuncias se menciona que además de la tortura, los agentes de la policía que catearon su casa se robaron 100 mil pesos, una cantidad algo importante en la que nadie ha reparado.
Cuando se les llegaba a preguntar a integrantes del GIEI, uno de ellos, Carlos Beristain, llegó a decir que lo hacían como estrategia para ganarse su confianza y pudieran abrirse y contar la verdad de lo que ocurrió en la noche de Iguala.
El problema es que entre los mensajes que tiene la DEA y las intercepciones telefónicas de la entonces PGR, todas judicializadas, familiares de los acusados se refieren a las organizaciones sociales, como “amigas”, incluso mencionan a una persona de nombre Pilar de la ONU que les está ayudando.