En este momento, los datos que surgen sobre el caso Ayotzinapa se asemejan más a una operación de simulación dentro de una estrategia de guerra de información, que la verdadera resolución del caso.
No es extraño que el ataque y desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, se haya convertido en una vasija de intereses en disputa. Por un lado, los que son auténticos y que representan los familiares; pero también hay quienes pretenden avalar un discurso y a todo un gobierno, quienes pretenden utilizarlo como revancha, quienes buscan defenderse, quienes lo necesitan para esconder su ineficacia, y los más lejanos, quienes hicieron bien su trabajo, pero no son escuchados.
Una operación de simulación en inteligencia pretende confundir, generar caos y esconder la realidad o mostrar otra “realidad”. En este caso, lo que se pretende esconder es que el expediente del caso sí documenta lo que ocurrió en la noche de Iguala, y que sólo hace falta conocer el final, qué pasó con todos los estudiantes y a todos los responsables.
Es un expediente tan lleno de información, que incluso allí mismo se documentan los abusos cometidos durante las investigaciones, en este caso de quienes detuvieron a varios de los implicados, desde la Policía Federal, Marina y la Agencia de Investigación Criminal.
También muestra quiénes no hicieron todo el trabajo que debían y que estuvo en sus manos, como el caso del exfiscal Alfredo Higuera Bernal, quien fue el que más tiempo tuvo el caso en sus manos (tres años) y recursos a su alcance, por lo que debería ser el más interesado en defenderlo, al final se juega su trayectoria y credibilidad.
Higuera, ahora subprocurador especializado en Delincuencia Organizada de la Fiscalía, tuvo a su alcance impedir la liberación de varias decenas de los detenidos coordinándose con la SEIDO, obtener todas las grabaciones de la DEA sobre la noche de Iguala; documentar aún más las operaciones de Guerreros Unidos en el caso; realizar un trabajo coordinado con el Órgano Interno de Control y la Visitaduría para acusar a los funcionarios y exfuncionarios que vulneraron los derechos de los detenidos; y hasta pudo obtener la identidad de los 114 restos óseos encontrados entre el Río San Juan y el basurero de Cocula (que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigió en su Recomendación). Pero no lo hizo.
Lo que no ha quedado claro es que desde hace mucho se derrumbó la llamada verdad histórica, desde la salida de Jesús Murillo de la entonces PGR, porque fue él quien, en una clara intención de cerrar mediáticamente el caso, encaminó sus declaraciones a que prácticamente todos los estudiantes murieron en el basurero de Cocula, sin ofrecer pruebas contundentes de ello. Sin embargo, el expediente revelaba otra cosa que al transparentarse en 2015 quedó expuesto, y luego con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se profundizó, incluso la participación o responsabilidad directa e indirecta de agentes de la Policía Federal y del Ejército.
Organizaciones y grupos civiles, periodistas y partidos políticos, sin embargo, han participado en esta especie de operación de simulación por sus intereses.
Que sí prueba el expediente: que Gildardo López Astudillo El Gil, ahora testigo protegido, era jefe regional del grupo criminal de los Guerreros Unidos y su base de operaciones eran Iguala, Cocula y Buenavista, y fue quien operó la retención, traslado y ejecución de los estudiantes.
También plantea que dos de los normalistas murieron en el basurero de Cocula y que existen restos óseos de entre 20 y 40 personas más encontrados en ese basurero que se desconoce si ya fueron enviados a Innsbruck, porque no lo ha dicho el nuevo fiscal Omar Gómez Trejo.
Y hay muchos más, pero los detallaré la próxima semana, ya que se hace indispensable ante el uso de la información que se está dando y la falta de transparencia del nuevo fiscal, quien ha sido incapaz de explicar el punto exacto del hallazgo, cómo llegaron a él y si estaban calcinados los restos como sostiene el equipo de peritos argentinos y por qué no hay en el lugar señales de un incendio. Y otra pregunta más, qué beneficios legales recibirá El Gil, quien fue uno de los autores de la desaparición.