María Idalia Gómez

Cuando se suele escribir sobre libertad de expresión, normalmente los funcionarios públicos lo consideran una forma de ataque o, por el contrario, la estrategia ideal de los periodistas de victimizarse. Si bien existen esos casos, sólo aquellos que tienen la estatura de estadistas son capaces de identificar lo medular que resulta no reducir este derecho, atender las alertas cuando se ve amenazado por cualquier factor o ente y actuar de forma contundente, de ello depende una vida democrática realmente sana.

En los últimos meses son demasiadas las amenazas que atisban al ejercicio de informar de manera libre y con calidad. Los casos más visibles han sido los asesinatos de reporteros y tres han ocurrido en sólo 10 días: Israel Vázquez Rangel, Jesús Alfonso Piñuelas y Arturo Alba Medina. Si bien en los dos últimos casos no queda claro que estén vinculados con su profesión, la autoridad no puede descartarlo hasta concluir una sólida investigación.

Otro caso escandaloso apenas ocurrió esta semana. Mientras cubrían unas protestas en Quintana Roo, Cecilia Solís y Roberto Becerril resultaron con heridas graves provocadas por disparos que efectuó la policía. En los mismos hechos, dos reporteros más, Selene Huidrobo y Santiago Hernández Rodas denunciaron amenazas por parte de agentes locales, tras difundir detalles de los abusos policiales cometidos durante las manifestaciones.

Pero estos no son los únicos casos, los demás son más sutiles, menos visibles. En esta semana el periódico La Crónica publicó que uno de sus reporteros, Daniel Blancas, estaría siendo sometido a un proceso legal, y esto lo vinculó a un altercado que ocurrió entre reporteros, en Palacio Nacional, antes de una conferencia mañanera. 

El Diario Pulso de San Luis publicó este lunes una nota en la que exponía cómo el diputado local y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén, había optado por demandarlos acusando al medio y a su director de daño moral. Lo mismo hicieron otros funcionarios que luego se desistieron al conocer la sentencia. 

El legislador argumentó que a consecuencia de la publicación de unas notas había sufrido extorsiones y amenazas. Después de muchos meses de seguir el proceso, la juez segundo de lo civil, María Elena Palomino Reyna, desestimó la demanda y, por el contrario, ordenó a Barrera Guillén que pagara los costos.

Este caso puede ser muestra de que en los poderes judiciales hay una convicción mayor de la importancia de proteger a plenitud estos derechos, porque los servidores públicos suelen utilizar estas vías para ejercer una mayor presión a la libertad de informar.

Es necesario recordar, a quienes suelen atacar y presionar al ejercicio periodístico de calidad, lo que la juez Palomino Reyna consideró en su sentencia, de acuerdo a lo publicado por el diario:

“Como ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el umbral de protección a un funcionario público debe permitir el más amplio control ciudadano sobre el ejercicio de sus funciones, porque el funcionario público se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad al asumir ciertas responsabilidades profesionales, lo que conlleva naturalmente mayores riesgos a su honor y porque su condición le permite tener mayor influencia social y acceder con mayor facilidad a los medios de comunicación para dar explicaciones o reaccionar ante hechos que los involucren”.

Desde ataques violentos hasta sutiles se muestran en el panorama como un recurso de personajes y grupos que amenazan dos derechos sociales fundamentales, el de información y la libertad de expresión; la peor noticia es que los casos se incrementarán por dos factores, la polarización social y que el país ha entrado en una ruta electoral. 

Los únicos diques para atajar estas amenazas, que pueden agravarse, los conforman los poderes judiciales, y los servidores públicos con alta estatura de miras. 

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