María Idalia Gómez

Este miércoles comenzaron en Estados Unidos las audiencias en donde no sólo serán sometidos a juicio exfuncionarios mexicanos presuntamente corruptos; sino serán los gobiernos e instituciones mexicanas las que serán exhibidas, cuestionadas y juzgadas en los tribunales estadounidenses.

El primer caso arrancó este miércoles con la presentación del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hasta ahora no ha querido negociar con el Departamento de Justicia para declararse culpable, por el contrario, asegura que es inocente.

En este caso, las pruebas se conocerán completas en diciembre, y en ellas los fiscales plantean que dos gobiernos mexicanos, equivalentes a 12 años de gestión, depositaron el mando de sus policías y de sus oficinas de inteligencia para la investigación criminal (en total unos 40 mil funcionarios a su cargo), en un hombre que pactó la protección al cártel más poderoso del continente, el del Pacífico.

En todo ese tiempo, ninguna institución de Estado fue capaz de identificar la corrupción de este poderoso policía, al que las agencias estadounidenses utilizaron, por la información que intercambiaban y el equipo de inteligencia que compró a empresas estadounidenses e israelíes con el presupuesto mexicano y los recursos de la famosa Iniciativa Mérida.

Desfilarán testimonios y documentos que pretenden probarlo y, de hacerlo, el resultado es que el Estado mexicano falló, los gobiernos que lo encumbraron le fallaron a los ciudadanos.

Para la próxima semana aparecerá en audiencia el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien se le acusa de proteger y formar parte del Cártel del Golfo por décadas. 

En este caso las pruebas pretenden exhibir cómo apadrinó a un grupo criminal en su entidad, los bienes que ganó por ello, y cómo utilizó un esquema corruptor que le permitió controlar, como cacique, una región y con él un partido político, porque colocaba funcionarios y candidatos. Será exhibido el PRI, el sistema político mexicano y sus instituciones de inteligencia y de investigación que, de nuevo, no tuvieron ni tienen los controles que le permitan impedir que funcionarios corruptos, como es señalado Yarrington, por más de dos décadas tuviera el control político de una entidad y fuera miembro destacado del partido en el poder.

Seguirán las audiencias del expolicía encargado de las investigaciones sensibles de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, quien también es acusado de proteger al Cártel del Pacífico por una década. Este caso ha sido catalogado por el Departamento de Justicia como complejo por la cantidad y calidad de testigos, los videos, audios y documentos, que involucran a varios exfuncionarios de primera línea con este exagente que tenía a su disposición recursos presupuestales sin justificar, elementos especiales y equipo de inteligencia, y que debía entregar información clave para combatir a los grupos criminales, pero que, según las acusaciones estadounidenses, no lo hizo.

Habrá dos casos más en las cortes federales, el del exgobernador de Coahuila, César Duarte, quien pelea por no ser extraditado a México y está dispuesto a proporcionar más información al Departamento de Justicia sobre casos que puedan ser de su interés.

Y otro de los casos, el del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien desde 2013 y durante cuatro años se apoderó de un estado en materia de seguridad y procuración de justicia, sin que las oficinas de inteligencia civil, militar o de investigación federal actuaran a pesar de las denuncias públicas que existían. 

Si bien ya fue sentenciado a 20 años en Estados Unidos, ahora pelea por disminuir su sentencia a cambio de ofrecer información contra otros personajes de la vida pública mexicana.

Todo esto ocurrirá durante las próximas 10 semanas, de acuerdo a las audiencias programadas en los tribunales estadounidenses. Ninguna pinta bien para México, porque ninguno de esos exfuncionarios ha sido juzgado y sentenciado en nuestro país por algún delito, y tampoco sus cómplices, ni siquiera en esta nueva administración que tiene como estandarte la lucha contra la corrupción. 

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