Cuando el equipo de Andrés Manuel López Obrador comenzó a empaparse sobre la administración federal, descubrieron muy pronto que estaban en un error suponiendo que era un gobierno obeso en cuanto al número de plazas de base. Hasta hace 20 años una dirección general contaba con unas 400 personas, ahora tienen poco más de 100 y no todas de base, más bien con contratos eventuales.
El proceso de adelgazamiento lo comenzó la administración de Vicente Fox y lo continuaron sus sucesores. Aunque fue muy desatinado, porque no se pensó en construir los nuevos cuadros antes de dejar ir aquellos personajes valiosos, con experiencia, visión y mística de servicio.
Se dio paso a un incipiente servicio civil de carrera. Tampoco fue perfecto, pero comenzó a dar más cuerpo a las instituciones. Aunque al mismo tiempo permitió contratar a personas de forma eventual que podrían ser amigos o pago de favores políticos (y lo fueron), que tanto panistas como priistas colocaron como adjuntos y eso les permitía cobrar salarios de subsecretarios, directores generales o directores de área.
La llegada de este nuevo gobierno no ha sido diferente a otros, salvo que están vulnerando algunas normas. Lo habitual es que lleguen a ocupar distintos cargos, la primera línea, para colocar a su equipo; pero también, y es aquí lo grave, están solicitando la renuncia del personal de segunda y tercera línea, algo que dijeron que no harían, y lo están haciendo en gran parte de las dependencias: Desarrollo Social, Agricultura, Hacienda, SAT, Gobernación, Turismo y Desarrollo Agrario, por mencionar las más visibles; esto a pesar de que muchos de ellos se trata de personal de experiencia, capacitados, certificados y en bastantes casos lograron sus ascensos a través de los mecanismos que impone el servicio civil de carrera, por lo que la ley impide que sean removidos.
Ahora el equipo de López Obrador se topa con instituciones como el DIF, que tiene a su cargo los programas para la infancia y personas con discapacidad, entre otros. Que es un organismo que tiene un equipo muy grande de personas distribuidas por todo el país, haciendo trabajo de campo, que conoce los lugares y a la gente, y que son una especie de ejército invisible, que son utilizados para repartir los programas, hacer censos o hasta ayudar en la organización y desarrollo de eventos multitudinarios, porque al paso de los años se han entrenado en el trato con la gente.
Esta institución que también fue utilizada como caja chica de muchos gobernantes, tiene un gran problema, el 90% de su fuerza laboral, de su experiencia, la componen personas con contratos temporales, sin prestaciones y con salarios que van de los cinco a 10 mil pesos mensuales, y desde hace dos o tres meses no cobran, y experimentan la incertidumbre de no saber qué pasará.
En la Ciudad de México, por ejemplo, trabajan más de siete mil personas y de ellas no más de 50 tienen base. Desde hace tres meses no cobran su salario, en su mayoría de seis mil pesos mensuales. Les han dicho serán absorbidos por la Federación, pero sin darles detalles.
Todos ellos conocen la ciudad, porque la han recorrido dando información sobre los programas de apoyo, repartiendo materiales para bebés y niños, haciendo censos para construir la base de datos para las tarjetas para los niños que estudian o las madres solteras, por ejemplo. Perder esa experiencia generaría un vacío importante para la operación de todos los programas que desean implementar; pero también no regularizar su situación laboral sería continuar abusando de mujeres, jóvenes y adultos que trabajan allí desde hace 10, 12 o 16 años.
Hace unos días les avisaron que deberán visitar a los beneficiarios de varios programas para notificarles que los apoyos se modificarán y será el gobierno federal que administre sus expediente. También les dijeron que saldrían a hacer encuestas. De su salario y situación laboral nada les dijeron.
Hace una semana despidieron a casi toda la plantilla del Seguro Popular, por ser eventuales nada recibieron. En el SAT nueve cargos fueron ya ocupados por las personas de confianza de la titular, Rosalinda López Hernández, quien había asegurado que no correría a nadie. Los despidos continuarán, poco a poco, mientras termina de acomodarse el nuevo gobierno. Es posible que pocas demandas se interpongan ante la advertencia de Hacienda de no volverles a contratar en la administración pública. Podría ser una nueva etapa de desmantelamiento de las capacidades institucionales, la segunda en menos de 20 años.