En unos meses, después de que se dé el cambio de poderes en los nueve estados en los que se eligió gobernador este año, algunos de ellos, prácticamente la mitad, enfrentarán investigaciones sobre su gestión y podrían ser sometidos a juicio o al menos, integrantes de sus equipos de gobierno.
De esos nueve mandatarios estatales, al menos cuatro están en riesgo: Morelos, Tabasco, Veracruz y Chiapas, porque en todos los casos hay denuncias ciudadanas o desde diferentes sectores productivos y políticos de la entidad, sobre el mal manejo de recursos públicos.
En algunos casos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya encontró en sus revisiones de las cuentas públicas de 2013 a 2016, que existen elementos que permiten sospechar sobre la comisión de algún delito, pocos casos ya se materializaron en denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), en otros todavía está en el plazo de aclaraciones. A la ASF le falta la fiscalización de 2018, las cuales quedarán en responsabilidad absoluta de perseguir, en su caso, a autoridades designadas en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Y podrá ser una gran oportunidad, por parte de las secretarías de Estado que entregan recursos a los estados para ejecutar programas locales, para hacer una revisión minuciosa, no sólo de los padrones de beneficiarios y de los presupuestos entregados, sino también de la forma políticamente estratégica en que se han distribuido, beneficiando a gobiernos afines o a durante procesos electorales. Estas auditorías, que serían inéditas, en las secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Educación, Salud y Gobernación en temas de seguridad pública, principalmente. A esto habrá que sumar las auditorías que practiquen sus sucesores en cada uno de las gubernaturas: Cuauhtémoc Blanco en Morelos; Cuitláhuac García en Veracruz; Adán Augusto López en Tabasco, y Rutilio Escandón de Chiapas. En todos los casos, de manera pública o privada, los ahora gobernadores electos han dicho que implementarán estas revisiones para determinar, en su caso, posibles responsabilidades, porque llegan a entidades que aumentaron su deuda, decrecieron económicamente (como fue Chiapas, Tabasco y Veracruz); y también cayeron en la generación de empleos, y en todos, incluyendo Morelos, creció la economía informal, de acuerdo con el seguimiento que hace “México, ¿cómo vamos?”. El problema de cualquier pesquisa será que se requiere tiempo y una gran calidad de los investigadores, para llegar hasta los gobernadores salientes: Graco Ramírez de Morelos; Manuel Velasco de Chiapas; Arturo Núñez de Tabasco y Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Esto se debe a que los mandatarios estatales, de acuerdo con la normatividad, no firman los documentos, lo hace el área de Finanzas, por lo que la responsabilidad legal queda en esos niveles generalmente; a menos de que se tengan testigos que permitan hilvanar cómo ocurrieron las operaciones y documentos que prueben la ruta de recursos públicos con los que se hubieran beneficiado directamente o que la riqueza acumulada por esos funcionarios, sus familias o testaferros no corresponde a sus ingresos. Hace dos años escribí en esta columna que por primera vez en la historia en México eran investigados, por corrupción, ocho gobernadores en funciones o que hace algunos años dejaron el poder en los estados de Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Me refería entonces a Tomás Yarrington y Eugenio Hernández; Humberto Moreira; Rodrigo Medina; Guillermo Padrés; Cesar Duarte; Roberto Borge y Javier Duarte. El año pasado se sumaron dos más: Roberto Sandoval de Nayarit y Gabino Cué de Oaxaca. Lo que significa que, en los últimos tres años, 14 gobernadores han sido sometidos a la revisión de sus administraciones. Pero a pesar de que esto es inédito, en esta administración no se mostró una clara voluntad de una revisión profunda y sanciones ejemplares contra ellos, porque no se les han fincado todos los cargos por los delitos cometidos (por el contrario se les ha ido limpiando); ni asegurado el patrimonio posiblemente irregular e investigado a todos los servidores públicos que fueron sus cómplices. El nuevo gobierno, aún estará a tiempo y será su primera prueba, revisar los casos ya existentes e implementar nuevas auditorías; ampliar y perfeccionar las acusaciones, decomisarles los bienes adquiridos ilegalmente y, ahora sí, cerrar el paso a la impunidad.