Para todos aquellos que dentro y fuera de gobierno aseguran que la DEA intervino teléfonos de forma ilegal en territorio mexicano para acusar al general Salvador Cienfuegos o al exsecretario Genaro García Luna, se equivocan; de hecho, están perdidos.
La intercepción de mensajes de texto y las escuchas de números celulares, además de su rastreo, se consumó desde territorio estadounidense, y la madeja de vínculos que conectaron con esos números se deshilvanó a partir de teléfonos que estaban allá y que conectaron con decenas de personas en México, la mayoría de ellos presuntos integrantes de grupos criminales.
Eso no significa que las acusaciones contra el exsecretario de la Defensa sean ciertas, porque para cuadrarlas en delitos, el Departamento de Justicia utilizó testimonios de narcotraficantes que están negociando beneficios. Pero lo que sí se confirma es que los agentes de la DEA tienen la tecnología, sin vulnerar leyes extranjeras, para escuchar lo que quieran y lo hacen.
Es cierto que, de acuerdo al expediente, hicieron seguimiento de personas y se reunieron con informantes en México, como parte de la verificación de sus datos, pero ni eso significó la violación de una norma, al menos en ese momento.
Se supone que con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional eso ya no podría ocurrir y, los agentes autorizados, tendrían que informar a la Cancillería y al Centro Nacional de Inteligencia lo que hacen. Tendrán que esperar sentados, cuando entre en vigor, a ver si les informan.
Al interior del gobierno hay dos bloques que confrontados sobre las modificaciones legales. Los que aseguran que era algo necesario y festejan la aprobación de las reformas, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas; y los que consideran que el gobierno no sólo se expone al ridículo, cierra puentes de diálogo y se hace más vulnerable frente a estas agencias internacionales.
Sin duda es una reforma mal redactada, con poca visión y sin estar a la vanguardia. Distintas embajadas, incluida la de Estados Unidos, ya revisaron los cambios con el auxilio de abogados mexicanos y uno de los elementos que les preocupa, y que echará a la basura la colaboración son los artículos 72 y 73: “los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a autoridades mexicanas”.
Si quitarles la inmunidad lo consideran grave y prácticamente imposible por los acuerdos internacionales que México ha firmado, el siguiente artículo, el 73, empeora las cosas en su segundo párrafo por su ambigüedad: “cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales…”.
Si bien es necesario impedir que otros gobiernos utilicen el territorio mexicano como una cancha de juego libre para operar en función de sus intereses, es igualmente cierto que la visión reducida de esta reforma hace vulnerable al Estado.
Las agencias siempre han operado en el país y hemos llegado al extremo de que tres expresidentes sirvieron a intereses de Estados Unidos a través de la CIA (Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría), y es necesario convivir con esas oficinas y más ahora que tenemos cárteles más poderosos, simplemente el Jalisco Nueva Generación con presencia en, por lo menos, 25 estados del territorio, y el de Sinaloa que opera en otras 10 entidades, y en ambos casos con capacidades que pueden poner en riesgo la gobernabilidad del país.
Ante el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad que se supone encabezaba Alfonso Durazo (hoy precandidato a gobernador de Sonora), y ante la ausencia de una verdadera inteligencia civil en armonía con la militar, además de la limitada y oportunista actuación de la Fiscalía General de la República, México necesita tomar en serio la Seguridad Nacional y encontrar el espacio de cooperación real y de alto nivel.
Las dos primeras pruebas en la agenda de riesgos que enfrentará este país en el 2021 serán la vacunación contra Covid-19 y la relación con Estados Unidos. El primer caso es muy preocupante, porque el hombre en quien confía el Presidente, el subsecretario Hugo López-Gatell, muestra en cada uno de sus sermones y su nudo de contradicciones, que no tiene idea cuando se refiere a la Seguridad Nacional, de hecho resulta un personaje dañino, según lo catalogan las áreas de inteligencia.