Maria Idalia Gomez

Todos los gobiernos de los estados cuentan con oficinas de inteligencia, algunos más grandes que otras. Se supone que son órganos de Estado que ofrecen información a los gobiernos locales sobre amenazas y riesgos. También se coordinan con sus homólogos federales para atender temas que interesan a la región o tienen un impacto nacional.

Estas oficinas no son ilegales, aunque la crisis del Covid-19 como nunca antes ha dejado en evidencia que no sirven. Ante una emergencia de esta envergadura estas oficinas, además de estarse coordinando con las autoridades federales, algo que no ha ocurrido, deberían estar participando, con información, en la toma de decisiones de las autoridades locales.

Se trata de un accionar los mecanismos de seguridad nacional para contener la epidemia, frenarla y lograr lo más pronto posible una situación normalizada.

Pero es claro que estas oficinas no saben elaborar diagnósticos, ni agendas de riesgo, ni análisis prospectivos; más bien sólo espionaje político al servicio de grupos de poder, no sólo políticos, también económicos.

En Estados Unidos, por ejemplo, la toma de decisiones para instalar un campamento médico o los lugares a dónde llevar los cadáveres, se toman con información de inteligencia, porque es a partir de ella que se pueden considerar todos los escenarios posibles, tanto positivos como negativos.

Es tiempo de hacer que estas oficinas funcionen y que sean por primera vez de Estado. No es tarde para integrar a las personas con experiencia y entrenamiento que puedan ayudar en la toma de decisiones a los gobiernos locales.

En este momento qué se necesita, además de un verdadero diagnóstico de la infraestructura de salud instalada y la que puede extenderse. Se requiere que estas oficinas elaboren un mapa de salud en cada entidad, en donde se establezca una estrategia de vigilancia y de operación para toda la cadena de riesgo.

Se debe incluir, por ejemplo, cada una de las zonas de alto riesgo, comenzando por los hospitales y clínicas, pero que se amplíe a estaciones de autobuses, aeropuertos, centrales de abasto y personal de limpieza y recolectores de basura.

Si pensamos que hay un subregistro de personas contagiadas y que éstos desechan su basura, entonces los desechos deben considerarse tóxicos, y establecer las medidas de sanidad que deban adoptarse para su manejo y así proteger a quienes la recolectan.

Plantear las zonas de alto riesgo incluye el considerar la densidad poblacional, el nivel de marginación, las edades y enfermedades, porque con este mapa se podrán adoptar medidas preventivas o de atención prioritaria en cuanto se manifieste el virus.

En este momento los gobiernos locales deberían contar ya con una proyección muy realista de las personas enfermas que tendrán, para adquirir los insumos suficientes que les permita manejar la crisis, y no dilapidar el dinero en pruebas rápidas, por ejemplo, que se han probado no sirven porque reporta falsos negativos.

Además de los cinturones de salud, hay que incluir personal capacitado y bien equipado para sanitizar los espacios de alto riesgo.

Y un elemento más que corre en paralelo, contar con un análisis de los grupos fácticos, aquellos dedicados al crimen, porque debe ubicarse qué están haciendo y mantenerse alerta ante la posibilidad de pretender extender su influencia, y los otros grupos, los económicos, que están aprovechando el momento para subir los precios de los insumos básicos, porque de no controlar el encarecimiento, puede abrirse un foco de desestabilización regional por el descontento de la población. 

Podría parecer que en todos estos temas no participan los profesionales de la seguridad nacional, pero es cuando más se requieren, y los hay, sólo que a la mayoría, los que sí sabían, los marginaron desde el gobierno de Felipe Calderón.

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