Hace cinco meses, en mayo pasado, una operación de alto impacto se consumaba exitosamente en Guanajuato. Un grupo de hackers era capturado por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO) de Fiscalía General de la República.
No fue algo menor. Este grupo había provocado desde hace por lo menos dos años (los documentos del caso en el juzgado sugieren que al menos cuatro años más operando), pérdidas millonarias a bancos y al sistema de pagos SPEI. Los afectados y el personal de la SEIDO en un principio calcularon, de acuerdo a lo que se desahoga en el juzgado, que este grupo ganaba, en promedio al mes, entre 100 y 200 millones de pesos, con los fraudes que cometían.
El caso entonces fue espectacular porque gran parte de las ganancias los hackers las invirtieron en por lo menos 27 vehículos de lujo, entre camionetas y deportivos de alta gama: Mercedes Benz, Ferrari, Audi, McLaren y Lamborghini. Además de 11 inmuebles que diseñaron como parte de su estructura empresarial, en los que tenían oficinas, bodegas para esconder dinero en efectivo (más de 20 millones de pesos), los vehículos (incluyendo motocicletas), equipo de cómputo y también contaban con un lugar de recreación con juegos, drogas y armas, de acuerdo a listado presentado al juzgado.
Se hacían pasar por jóvenes empresarios exitosos y así vivían para no despertar sospechas. Incluso tenían escoltas contratadas para su seguridad, vigilancia en algunos de los inmuebles y dispersaban sus ganancias en cuentas bancarias en otros estados y países, incluso con monedas virtuales.
Esta operación fue reconocida a nivel internacional. No sólo Bancomer que era el denunciante se sorprendió, también lo hizo Santander, el Banco de México y, especialmente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y las agencias de antinarcóticos DEA (por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).
El caso tenía dos años de haber sido denunciado por primera vez por Santander, pero el expediente dormía el sueño de los justos. La coincidencia en investigaciones permitió que otro grupo de la Seido se cruzara con el caso y desarticulara a la organización.
En el mundo son pocos los casos de tanto éxito en cuanto a hackeo. Esta fue una investigación cuidada, una operación bien ejecutada en todos los inmuebles casi de manera simultánea, utilizando drones, escuchas telefónicas, personal encubierto y con órdenes de aprehensión y de cateo listas.
Las agencias estadounidenses afianzaron en ese momento su cercanía en la Fiscalía, no sólo en los investigadores y agentes que tuvieron a cargo este caso (a quienes en su mayoría conocían y por el nivel de confianza que habían logrado prácticamente estaban certificados por ellos), sino que interpretaron que había espacio de colaboración, confianza y resultados.
Pero algo pasó. Una operación tan exitosa no continuó en las investigaciones, al menos en el juicio no se ampliaron más pruebas y se dejó en el aire la información que en principio los cateos arrojaron. Así, en las diligencias surgieron más dudas. En uno de los inmuebles había un uniforme de la Policía Federal, las computadoras y los testimonios de los detenidos arrojaron nombres de quienes podrían ser funcionarios; por ejemplo, algo que no fue explicado en el juicio es cómo ingresaron al territorio los autos de lujo, que se adquieren sobre pedido y debe reportarse las operaciones al SAT, lo cual aparentemente no ocurrió.
Extrañamente, la mayoría de los servidores públicos que investigaron y ejecutaron este caso fueron despedidos casi en su totalidad y en algunos casos acusados de delitos cometidos en otros casos, en los que las agencias estadounidenses aportaron información. Este no es el único caso. Ocurrió en otras áreas de la Fiscalía, de lo que era la Policía Federal y hasta del Cisen. El despido de funcionarios y hasta persecución ya encendió las alertas en los agentes de Estados Unidos, quienes han interpretado esto como una forma de frenar indagatorias, desviar la atención, lo que ha puesto en riesgo la relación de intercambio de información con la Fiscalía, por eso comenzaron a presionar y poner a prueba a los nuevos funcionarios.