Este jueves 25 marzo reaparecerá el exgobernador Tomás Yarrington. Lo hará con el uniforme del Centro Federal de Houston y con el número de registro 39549-479. La audiencia tardó en llegar un año debido a la Covid-19 y se prevé que sea muy distinta a lo que se esperaba entonces.
El caso en Estados Unidos contra el exmandatario —del que fue archivado en México su expediente en el gobierno de Felipe Calderón—, plantea que formó y lideró una red de protección en la zona del Golfo de México que involucró e involucra a funcionarios y exfuncionarios. A cambio, el gobernador recibía millonarios pagos que continuaron aún después de dejar el poder.
La audiencia se esperaba en la segunda semana de enero de este año, pero el tamaulipeco solicitó una ampliación del plazo para revisar todos los documentos en formato digital y estar listo para su defensa, por lo que propuso que fuera a partir del 6 de marzo del mismo 2020, cuando iniciara formalmente el proceso y el 3 de junio las audiencias del juicio. Pero la Covid-19 detuvo este calendario.
Aunque significó más tiempo para Yarrington en la prisión —un centro de mediana seguridad, un edificio alto donde la luz del sol prácticamente no accede—, también pareciera que significo una oportunidad para él.
En este tiempo, el gobierno de Estados Unidos no sólo cambió de republicanos a demócratas, sino que estos últimos adoptaron una posición más rígida contra el gobierno de México, no sólo por la liberación del general Salvador Cienfuegos y las acusaciones contra la DEA del presidente Andrés Manuel López Obrador y del fiscal Alejandro Gertz Manero, sino porque no confían en las autoridades mexicanas y los estadounidenses no están dispuestos a ser marginales en la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, porque el panorama que encuentran es de mayor control criminal, poca eficacia en el combate y una penetración de estos grupos en las estructuras de gobierno municipal, estatal y federal.
¿Y qué rutas han adoptado las agencias americanas? Varias, una de ellas, la acusación de funcionarios mexicanos ante tribunales estadounidenses. En este nuevo escenario, Yarrington, a quienes sus amigos y aliados dejaron solo, es un tesoro, y para él una oportunidad de obtener una sentencia reducida, recuperar parte de su fortuna y vivir una vida tranquila en aquél país.
El caso del exmandatario se ha mantenido constantemente sellado por lo delicado de la información que contiene, incluso las audiencias cerradas. Sólo para el Departamento de Justicia y los abogados del exfuncionario mexicano, en donde han ido avanzando en acuerdos.
La juez Hilda G. Tagle ha sido muy severa en el resguardo de información y para este jueves a la una de la tarde, hora de Houston, convocó una audiencia en donde deberá estar presente Tomás Yarrington y, de acuerdo al citatorio, se lee: “Audiencia de cambio de acusación”.
Al consultar cuáles son los escenarios que pueden ocurrir este jueves, puede ser el que sea mucho más severa la acusación, y no se descarta que sea entonces que se conozca que el tamaulipeco se convirtió en testigo protegido.
Casos como estos colocarán de una forma u otra, como lo advertimos en este espacio desde hace mucho, un tribunal para juzgar a México, no solamente a las personas acusadas. La mayor tragedia es que las autoridades de nuestro país renunciaron, incluso ahora (porque no han pedido información sobre este tema), a hacer justicia y comenzar a desarticular, en serio, la corrupción interna, y sí le dieron armas al gobierno de Estados Unidos para atacar y presionar a las autoridades mexicanas de ayer y de hoy.