La actual presencia naval de Estados Unidos en aguas internacionales en América del Sur ha despertado diversas reacciones, pero sobre todo sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a embarcaciones venezolanas que a la fecha sumarían dos o tres y la muerte de 14 personas que iban a bordo. Según declaraciones del presidente Donald Trump y los secretarios de Estado Marco Rubio y de Defensa (hoy nombrada secretaria de Guerra por Trump) Pete Hegseth, se trataría de narco embarcaciones con destino a Estados Unidos, del cártel venezolano del Tren de Aragua.
A pesar de las críticas de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, el presidente justifica la destrucción de las naves como actos de legítima defensa contra organizaciones terroristas, mismas que representan una inminente amenaza para su país. Sin embargo, también hay reproches al accionar presidencial de grupos de senadores de ambos partidos quienes exigen explicaciones.
Especialistas dicen que es necesario determinar la legalidad del uso de la fuerza letal contra las embarcaciones venezolanas, que estaría violentando los estándares internacionales y la legislación estadounidense si no existe una justificación de defensa propia.
Si estas acciones llegaran a constituir un excesivo uso de la fuerza, agregan, estaríamos ante ejecuciones extra judiciales y un precedente peligroso para la normativa internacional, el multilateralismo, regionalismo y los derechos humanos, ya de por sí quebrantados en trizas. A efecto de combatir el tráfico de drogas, afirman en Naciones Unidas, se debe respetar los principios básicos sobre el uso de la fuerza del derecho internacional, la fuerza letal sólo será permisiva como medida de último recurso y ante una amenaza inminente de la vida.
¿Cuáles son los reales objetivos estadounidenses en el mar internacional en América del Sur? ¿Estados Unidos prepara una invasión a Venezuela y contra la tiranía de ese país?
Todo indica que los objetivos primarios es contrarrestar el narcotráfico en las rutas marítimas; alcanzar una mejor operatividad con sus aliados regionales, así como de las labores de entrenamiento, inteligencia y espionaje; en un escenario de disuasión, dejar un claro mensaje regional y extrarregional sobre la determinación y el potencial estadounidense y ante países como China, Irán, Rusia, Cuba, Nicaragua y el crimen organizado.
La probabilidad de una invasión a gran escala a Venezuela parece baja, salvo ante situaciones de envergadura como amenazas y un erróneo ataque venezolano a las flotas estadounidenses o una inesperada oportunidad para apresar al dictador de ese país. Un eventual acuerdo para que Maduro abandone el poder sin duda contemplará seguridad para él, su familia y la élite del poder, en un ámbito de cansancio y amenazas políticas que vulneren su sobrevivencia o por la fragmentación -propiciada por la inteligencia estadounidense- en los eslabones de poder que lo han mantenido en la presidencia, específicamente las fuerzas militares. Una invasión a Venezuela tendría un alto costo político para Trump en el Congreso y en la opinión pública de su país.
En tanto continúe presente la fuerza naval estadounidense en el cono sur, prevalecerán acciones de interdicción y contra embarcaciones sospechosas, bloqueos, patrullajes y operaciones encubiertas. Un retiro de Maduro del poder seguramente no será una transición fácil ante la presencia delictiva que prevalece en Venezuela, particularmente en la cadena del denominado cártel de Los Soles, integrada por criminales, políticos y militares, así como por el cártel del Tren de Aragua, mega bandas, los denominados “pranes” en las cárceles, “sindicatos” (bandas) mineros ilegales, la presencia de grupos colombianos como el ENL y la disidencia de las FARC, gran parte coludidos con autoridades de seguridad y políticas. En tanto persista el magno mercado estadounidense de las drogas, hay pocas posibilidades de que esta perturbadora realidad desaparezca del escenario.
