1. Varias situaciones se han tejido alrededor del Primer Informe de Gobierno para revelar la centralidad de la Presidencia en el sistema político. Formalmente, se da en el primer día de sesiones de la Legislatura, ahora iniciando su segundo año de ejercicio, pero acorde a lo marcado por la Constitución, se envía por escrito para dar cuenta del estado que guarda la administración pública federal. De forma paralela, se ha planteado un mensaje en una especie de “mañanera” en Palacio Nacional, en formato abierto a los periodistas que suelen asistir, contando con invitados especiales de los tres poderes y niveles de gobierno, es decir, gobernadores e integrantes selectos del Ejecutivo, del Legislativo y del nuevo Poder Judicial, que habrá iniciado su gestión si bien aún no habrá rendido su protesta constitucional sino hasta las 22:00 horas. Posteriormente, el 1 de octubre, cuando se cumple un año del inicio del actual gobierno, habrá un acto masivo en el Zócalo para repetir el ejercicio, en cercanías de lo que sería la conclusión de los terceros 90 días de prórroga otorgados por el gobierno de Trump para concluir un acuerdo arancelario o imponer tarifas hasta del 30%. Desde luego, la posibilidad del TMEC seguirá orbitando en el actuar gubernamental.
2. Sobre el contenido del Primer Informe, es de esperar una narrativa concordante con un renovado optimismo: según las mediciones demoscópicas (El Heraldo, El Universal, El Economista), la Presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una popularidad entre 70 y 75%, en donde el 60% percibe una buena situación del país, y el 21% mala. En salud, el balance es 56/22 (buena/mala); los programas sociales, 84/8, la economía 69/16 y la relación con los Estados Unidos, 72/13. Ello muestra en qué se podrá enfocar el informe y los comentarios: el éxito de la política social, que habría sacado de la pobreza a 13 millones de mexicanos en los últimos seis años, según las mediciones del INEGI, no obstante un escaso crecimiento económico, basado por ende no en mayor productividad y generación de riqueza, sino en el reparto de recursos públicos, la elevación del salario mínimo y la dispersión de remesas. De ahí las reflexiones sobre su sostenibilidad futura.
3. Conforme a las preocupaciones ciudadanas, siendo la principal cuestión la de seguridad, se buscará acreditar la reducción de las cifras de violencia general en 25% además del cambio de guardia, de “abrazos, no balazos” a inteligencia, coordinación y resultados en el combate frontal a la delincuencia. Los agujeros siguen siendo la alta cifra de desaparecidos y el incremento de la extorsión, para combatir la cual se estará planteando el envío de una iniciativa específica al Congreso.
4. Se subrayará la fortaleza de la economía mexicana y sus posibilidades en el Plan México, ante un entorno hostil y una relación complicada y compleja con la administración Trump. Podrá asumirse también el incremento en la inversión extranjera, alrededor de 36 mil millones de dólares. Desde luego, estará la presentación de los trazos generales del proyecto de presupuesto para el 2026, el cual se presentará el 8 de septiembre, destacando un componente fiscal sin nuevos impuestos o tasas, con énfasis en la eficiencia recaudatoria, y el gasto orientado a los programas sociales con un billón de pesos y mayor austeridad (hasta del 15%, dicen).
5. No podrá faltar la nueva época del Poder Judicial con la promesa de una justicia más pronta y expedita, sin nepotismo, clientelismo o ineficiencia y más cercana al pueblo, siendo un ministro indígena quien presidirá la Suprema Corte, toda similitud guardada con don Benito Juárez. Por último, no faltará la zarandeada a las oposiciones, adversarios y conservadores, ante una reforma electoral en ciernes para recortar privilegios, el tamaño del Congreso y a los legisladores plurinominales para reducir el costo de la democracia y los órganos electorales, quizá empezando con los Organismos Públicos Locales Electorales, centralizando totalmente la función electoral.
