A fin de establecer parámetros para ordenar las valoraciones en torno a la reforma judicial, es posible identificar algunos momentos de referencia y criterios para evaluar el proceso de transformación de los Poderes Judiciales en México:
- Los motivos explícitos e implícitos que se hicieron valer para proponer e impulsar la reforma judicial. ¿Se han satisfecho o no las expectativas sociales y los objetivos planteados en la Exposición de Motivos de la Iniciativa y en los debates públicos y parlamentarios?
- Los problemas que enfrentó el Estado mexicano para concretar la reforma judicial. ¿Cómo abordaron los diversos agentes involucrados los retos políticos, normativos, institucionales, económicos, culturales y mediáticos de implementación de la reforma judicial?
- Los resultados de las elecciones en términos de legitimidad y legalidad. ¿La participación ciudadana fue la esperada? ¿Cuál es la representación política de los candidatos electos? ¿Se cumplió con el marco jurídico?
- La nueva realidad de la impartición de justicia. ¿Cómo han impactado la nueva integración de los órganos jurisdiccionales, sus dinámicas de trabajo y fallos en el acceso a la justicia para el pueblo de México?
La corrupción y el nepotismo, así como la falta de cercanía con la sociedad y la lentitud en la impartición de justicia fueron los motivos más citados y destacados para justificar los cambios en el sistema judicial mexicano. Entra las razones no expresas en el discurso, pero sí coyunturales, se encontraban la necesidad de anular los obstáculos jurídicos que impedían los cambios impulsados por la 4T. ¿Qué ha pasado con la corrupción y el nepotismo? Al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial les corresponde contestar esta pregunta. ¿Los Poderes Judiciales son más próximos a la gente y administran justicia más rápido? Esta pregunta la deben contestar los órganos jurisdiccionales federales y de las entidades federativas.
La reforma judicial se implementó: Morena y sus aliados obtuvieron los votos indispensables para cambiar la Constitución, se modificaron leyes y se emitió nueva regulación, se tomaron medidas institucionales y presupuestarias para darle viabilidad a las elecciones, además, se logró el consenso social suficiente llevar adelante el proceso. La prueba más contundente de la eficacia en la implementación de la reforma es la nueva integración de los órganos jurisdiccionales y su operación cotidiana. Claro, hay mucho por hacer, pues el marco jurídico es perfectible, el orden institucional y el financiamiento pueden reforzarse, además, aún hay disensos por atender y objeciones por ser contestadas. En particular hay grandes áreas de oportunidad en la fase de selección de candidatos y en la regulación de las campañas, así como en su fiscalización. En este punto, le corresponde a los Poderes Legislativos y a las autoridades electorales atender los pendientes con miras a mejorar las condiciones de las elecciones judiciales y la impartición de justicia. Hoy por hoy ya circula una iniciativa al respecto.
Por lo que toca a los resultados electorales, se ha criticado la baja participación en la elección, aunque, como en cualquier proceso electoral, los votos que cuentan para ganar son los votos válidos dentro de los votos emitidos. ¿Cómo elevar la participación ciudadana en las elecciones judiciales? El INE es la instancia idónea para responder esta pregunta y tomar medidas al respecto. Respecto de la representación de los operadores judiciales electos, cabe recordar que, con independencia del método de conformación de los órganos del Estado, los poderes públicos dimanan del pueblo y se instituyen para su beneficio. Por lo que la representación de los nuevos Poderes Judiciales tiene un sustento político y jurídico común. Pero, ¿qué intereses representan los operadores judiciales electos? En específico, ¿a quiénes representan los guardianes de la Constitución? En todo caso, jueces, magistrados y ministros representan el interés público y el proyecto de Nación contenido en las normas constitucionales. Su mandato no puede ser otro que respetar y hacer respetar el orden constitucional a través del ejercicio de la función jurisdiccional.
Ahora bien, los cuestionamientos en torno a la legalidad de los resultados en una elección pueden afectar su legitimidad. Mucho se ha dicho al respecto en la elección judicial de 2025, en particular por las implicaciones de la llamada “operación acordeón”. Los órganos jurisdiccionales competentes para contestar tales dudas fueron el Tribunal Electoral y, en todo caso, tratándose de delitos electorales de orden federal, los Juzgados de Distrito. El tiempo nos dirá hasta dónde la “verdad jurídica” coincide o se aleja de la “verdad fáctica”.
La dinámica de trabajo en los Poderes Judiciales ha cambiado con los nuevos operadores judiciales, pero sobre todo por los nuevos diseños institucionales y reglas con las que ahora operan los órganos jurisdiccionales. El caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más vistoso, precisamente, por la desaparición de las Salas. Otro tanto podría decirse en razón de la constitución del Órgano de Administración Judicial, que maneja los recursos del Poder Judicial de la Federación, y del Tribunal de Disciplina Judicial, responsable de vigilar el desempeño de los operadores judiciales. Pero, en el funcionamiento del Pleno del máximo tribunal del país también influyen las personalidades, la experiencia y formación de las y los nuevos Ministros. Por otro lado, la renovación de criterios y metodologías para resolver los asuntos ha sido una constante en la nueva Suprema Corte. Lo cual es muy positivo, porque sólo haciendo las cosas de otra manera es que se tendrán resultados diferentes. Como sea, la pregunta por la cercanía con la gente y las resoluciones expeditas sólo puede ser contestada por los propios impartidores de justicia.
La democratización de los Poderes Judiciales está en camino, por lo que la consolidación de la democracia judicial está aún por venir. Así que, evaluar la reforma judicial supone tener presente un horizonte de acción más amplio que la mera coyuntura y tan complejo como el escenario geopolítico al que se enfrenta el país, pues es en tales condiciones que la soberanía nacional y la Constitución deben ser defendidas en sede judicial. ¿La nueva reforma propuesta tendrá esto en cuenta?
