El crimen que segó la vida de dos funcionarios públicos dejó al descubierto un sistema de seguridad que parece incapaz de proteger incluso a quienes están en el corazón del poder. Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, su asesor político, fueron asesinados a sangre fría en la Calzada de Tlalpan, en un ataque que no puede calificarse como casualidad. Este acto violento, ejecutado con precisión quirúrgica, no solo es una tragedia personal para las familias de las víctimas, sino un recordatorio brutal de la fragilidad del Estado frente a la delincuencia y, posiblemente, frente a intereses más oscuros. ¿Qué nos dice este crimen sobre el México de hoy? ¿Es un hecho aislado o la revelación de una crisis más profunda?
Los agresores actuaron con una coordinación que sugiere conocimiento previo de la rutina de las víctimas. Ximena Guzmán fue atacada con cuatro disparos mientras estaba en su vehículo, y José Muñoz fue ultimado en la calle. La motocicleta y el auto utilizados por los sicarios fueron abandonados en puntos estratégicos, lo que refuerza la idea de un operativo cuidadosamente planeado. Este no fue un asalto común ni un conflicto vial; fue un golpe directo, diseñado para enviar un mensaje. La pregunta es: ¿quién está detrás de este mensaje y cuál es su propósito? Si los colaboradores más próximos a una de las autoridades más importantes de la capital no están a salvo, ¿qué garantías existen para el ciudadano común?
Clara Brugada, quien asumió la jefatura de Gobierno con la promesa de transformar la capital, se enfrenta ahora a un desafío monumental: esclarecer este doble asesinato y demostrar que su administración puede responder con resultados concretos. El crimen ocurre en un contexto nacional donde la violencia no cede. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México registró más de 30 mil homicidios dolosos en 2024, y la tendencia no parece revertirse. La capital, que alguna vez se percibía como un refugio frente a la violencia que azota otros estados, ha perdido esa aura de seguridad desde el atentado a Omar García en 2020. Hoy, la percepción es que nadie, sin importar su posición, está exento del peligro.
Las hipótesis sobre el móvil del crimen son múltiples y reflejan la complejidad del panorama mexicano. Por un lado, la precisión del ataque apunta a la posible participación del crimen organizado. Los cárteles, que han extendido su influencia en la capital, podrían estar detrás de un mensaje dirigido a las autoridades, ya sea como represalia por alguna acción gubernamental o como una advertencia para mantener el control en ciertas zonas. La Ciudad de México no es ajena a la presencia de grupos criminales, que han diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incursionando en extorsión, secuestro y control territorial.
Por otro lado, no puede descartarse la posibilidad de un móvil político. Ximena Guzmán y José Muñoz eran figuras clave en el círculo cercano de Clara Brugada, y su asesinato podría interpretarse como un intento de desestabilizar su administración. En un país donde la política y el crimen a menudo se entrelazan, esta hipótesis no es descabellada. ¿Fue este un intento de debilitar el proyecto de Morena en la capital? Las respuestas aún no están claras, pero lo que sí es evidente es que este crimen tiene implicaciones que trascienden lo personal y alcanzan lo estructural.
La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han prometido una investigación exhaustiva, pero la historia reciente sugiere que los casos de alto perfil a menudo quedan sin resolver o se diluyen en un mar de burocracia e impunidad. La presión está sobre las autoridades para entregar resultados concretos, no solo en términos de justicia para las víctimas, sino en la implementación de estrategias que eviten que tragedias como esta se repitan, una y otra vez.
