El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema que pone a prueba su discurso de transformación económica y de cómo impulsar la campaña “Hecho en México”. Y es que aún persisten monopolios evidentes dentro de sectores estratégicos. Uno de los casos más visibles es el del Consejo Regulador del Tequila (CRT), que preside Aurelio López Rocha, señalado por pequeños productores y organizaciones agaveras de ejercer un control monopólico sobre la certificación del tequila, marginando a más de 40 mil agaveros y beneficiando a los grandes consorcios del sector.
La situación ha escalado a tal punto que más de 600 representantes del Grupo Cultural del Agave, el Consejo Mexicano del Agave (CMA) y el Barzón Agavero solicitaron formalmente la intervención de la presidenta Sheinbaum para restarle atribuciones al CRT. Según los inconformes, este organismo ha actuado como juez y parte, violando el artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios. Su exigencia es que el CRT funcione como una cámara industrial, mientras que la inspección y certificación queden en manos de entes independientes.
El reclamo no es menor. Bajo la conducción del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la dependencia ha permitido —e incluso, según los denunciantes, fomentado— que el CRT mantenga su hegemonía en la certificación del tequila. Las acusaciones apuntan directamente a Ebrard por haber instruido, a través de Santiago Nieto, la modificación del reglamento del IMPI para sostener al CRT como único organismo certificador. Una decisión que, lejos de fortalecer la competencia, profundiza la concentración de poder y las sospechas de corrupción dentro de la cadena productiva.
Resulta contradictorio que el actual gobierno, que eliminó o debilitó organismos como la COFECE bajo el argumento de combatir los monopolios desde el poder federal, termine por sostener estructuras monopólicas en sectores que son emblema nacional. En el caso del tequila, el monopolio del CRT no solo afecta la competencia económica, sino también la autenticidad y trazabilidad de un producto que representa al país en el mundo. Las denuncias de venta irregular de guías de traslado, adulteración del agave y manipulación de la NOM-006-SCFI-2012 evidencian una red de intereses enquistados.
La propia Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, encabezada por Lilian Aurora Pérez Ornelas, tiene la atribución de acreditar nuevos organismos de certificación. Sin embargo, hasta ahora ha prevalecido la pasividad. Si la administración de Sheinbaum realmente busca fortalecer el “Hecho en México”, debe empezar por garantizar que las normas que protegen los productos nacionales sean aplicadas sin sesgos ni privilegios corporativos. La apertura a nuevos certificadores sería un paso concreto hacia la transparencia y la competencia.
México presume al tequila como su carta de presentación ante el mundo, pero mientras siga dominado por un solo organismo que controla la producción, certificación y comercialización, el discurso de transformación económica será meramente anecdótico. Si el tequila simboliza a México, su regulación debería simbolizar un nuevo país libre de monopolios, corrupción y favoritismos.
Historia de Éxito
Banco Azteca que encabeza Alejandro Valenzuela, reafirma una vez más, su compromiso con la prosperidad incluyente al impulsar historias como la de Antonia “Tony” Rodríguez Flores, emprendedora y sobreviviente de cáncer de mama que continúa fortaleciendo su negocio de ropa de segunda mano. Inspirado por su historia, el banco, junto con Italika, le otorgó una Cuenta SOMOS con una ayuda económica de 50 mil pesos y una motocicleta D125 para apoyar su independencia. Esta acción forma parte de la Ruta de la Prevención, iniciativa del octubre rosa que acerca servicios médicos gratuitos y promueve el bienestar de las mujeres. Con más de 680 mil beneficiarias y seis millones de asistencias integrales, Banco Azteca consolida un modelo de negocio con propósito, que impulsa salud, inclusión financiera y movilidad como motores del desarrollo.
Voz en Off
Por cierto, finalmente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dedicado tiempo a atender un tema que tiene que ver en su entidad que gobierna, aclarando, que no existe por parte de las instituciones del estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de futbol, casa y sede del equipo Mazatlan, el cual cuenta con una gran afición y multitud de seguidores que visitan el puerto en cada partido. Buena aclaración, por aquellos que confirman sobre la tentación de ir más allá de lo permitido por la ley. El mandatario ofrece garantías plenas de certeza jurídica y respeto a los actos derecho vigente. Afirma que se tiene claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho, y una condición indispensable para el desarrollo de toda índole, especialmente el desarrollo económico…..
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