Pablo Lemus prometió pacificar Teocaltiche en mes y medio. El plazo se cumplió en junio y, desde entonces, el municipio vive un infierno cotidiano. Quema de vehículos, desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones se han vuelto parte de la rutina de un pueblo abandonado a su suerte, donde la autoridad estatal brilla por su ausencia o, peor aún, por su complicidad.
El gobernador de Jalisco insiste en que la violencia es “una reacción del crimen organizado” frente a los supuestos operativos exitosos del gobierno estatal. Pero en Teocaltiche nadie ve esos operativos.
Lo que la gente presencia, una y otra vez, es la llegada tardía de patrullas, los rondines mediáticos y los comunicados que aparecen justo después de los hechos violentos, como si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado buscara maquillar la tragedia.
Los testimonios de los habitantes son demoledores: las policías estatales no llegan cuando comienzan las balaceras, tampoco cuando grupos armados irrumpen en las viviendas para secuestrar o desplazar familias enteras.
Llegan horas después, cuando los videos de las explosiones y los cuerpos ya circulan en redes sociales. Y cuando llegan, denuncian los vecinos, se dedican más a hostigar a inocentes que a enfrentar a los verdaderos responsables.
Mientras Lemus presume aseguramientos de fincas y armas en boletines oficiales, el miedo sigue instalado en las calles. En menos de una semana se incendiaron cinco vehículos, un hombre fue asesinado en la colonia El Tanque y decenas de familias fueron obligadas a abandonar sus casas tras recibir amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los sicarios se pasean armados por el pueblo con total calma, tocando puertas para advertir que quien no se marche morirá. Y nadie los detiene.
La inacción del Gobierno de Jalisco deja más dudas que certezas. Porque si realmente existen operativos, ¿cómo es posible que los criminales circulen libremente por el centro de Teocaltiche sin toparse con un solo policía estatal? ¿Dónde están los cientos de elementos que Lemus presume haber desplegado? ¿Y por qué cada operativo “exitoso” se anuncia solo después de una masacre o un incendio?
La respuesta es tan simple como peligrosa: en Jalisco, la seguridad se volvió espectáculo, y los operativos, una puesta en escena para tapar una crisis que el propio gobierno alimenta. Los policías estatales son señalados de fabricar delitos, abusar de ciudadanos y encubrir a grupos criminales. La corrupción se volvió regla y la impunidad, costumbre. Lemus presume control, pero lo único que domina es el discurso.
A esta crisis se suma un nuevo frente: el periodista Raymundo Riva Palacio reveló esta semana que el gobernador Pablo Lemus estaría bajo investigación por presuntos vínculos con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El mandatario lo negó de inmediato, calificándolo como “guerra sucia”. Pero la realidad que se vive en Teocaltiche —donde el crimen opera con absoluta libertad— alimenta más sospechas que confianza.
Hoy, el Gobierno federal, enfrenta el reto de desenredar la madeja de complicidades entre autoridades municipales y estatales que durante años han permitido al CJNG convertir Teocaltiche en su feudo.
No se trata solo de capturar delincuentes, sino de exponer a quienes desde el poder les brindan protección política y policial. Si Jalisco se ha convertido en un refugio para la impunidad, es porque desde el Palacio de Gobierno se gobierna con los ojos cerrados o con las manos sucias.
Teocaltiche no necesita promesas ni discursos de autoelogio: necesita justicia, presencia real del Estado y un gobierno que deje de encubrir a quienes manchan de sangre su territorio.
En Cortito: Nos cuentan que a un año de gobierno, Margarita González Saravia se ha ganado, a pulso, el título de una de las peores gobernadoras de Morena.
Su administración no solo carece de rumbo, también se ha convertido en una de las más violentas del país. En Morelos no hay estrategia de seguridad, no hay liderazgo, y mucho menos resultados. Hay miedo, desconfianza y un gobierno ausente que parece resignado a convivir con el crimen.
Los datos oficiales son tan fríos como demoledores: desde 2010 a 2024, en Morelos se han reportado 6 mil 357 personas desaparecidas. De ellas, el 28.5 por ciento sigue sin ser localizada y el 6.4 por ciento fue encontrada sin vida. Esto refleja que la violencia no solo no ha disminuido con González Saravia; se ha recrudecido bajo su gobierno.
Mientras los homicidios y las extorsiones se disparan, la mandataria parece extraviada en el discurso. No hay presencia real del Estado en las calles, ni coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad. Los criminales actúan a plena luz del día y los ciudadanos han dejado de creer en las autoridades. Lo más grave es que el vacío de poder no solo refleja incapacidad: huele a complicidad.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, es el retrato perfecto del fracaso.
Funcionarios grises, sin talento, sin estrategia y sin una sola acción de impacto que frene la ola de violencia. No ha logrado construir una política de seguridad coherente.
Margarita González Saravia llegó al poder con la promesa de transformar Morelos, pero en apenas doce meses su gobierno se convirtió en sinónimo de improvisación y derrota.
Mientras otros estados avanzan en coordinación y resultados, Morelos se hunde en la desesperanza. Las calles se vacían, las familias se desplazan y el crimen sigue creciendo a la sombra de una gobernadora ausente y un gabinete incapaz.
Si algo ha dejado claro su gestión, es que la indolencia también mata. Porque cuando un gobierno no enfrenta al crimen, termina siendo su cómplice.