El reciente descubrimiento de un “campo de exterminio” en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, operado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo ha destapado algunas de las fosas clandestinas más escalofriantes de los últimos años, sino que también ha puesto en evidencia las profundas grietas en el sistema de seguridad y justicia de México.
Los hornos crematorios, los cientos de fragmentos óseos, los objetos personales y los testimonios de torturas inimaginables no son tan solo un recordatorio de la brutalidad del crimen organizado, sino un señalamiento directo a la inacción, omisión y, en algunos casos, posible complicidad de las autoridades estatales y federales.
Para las autoridades de Jalisco, este hallazgo es una bofetada a su narrativa de control. El estado, liderado por el gobernador Enrique Alfaro hasta finales de 2024, ha sido señalado como el epicentro de las desapariciones en México, con más de 15 mil casos registrados oficialmente.
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Sin embargo, el rancho de La Estanzuela ya había sido intervenido por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, y la superficialidad de aquella inspección permitió que el sitio siguiera ocultando su macabra realidad hasta que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lo destapó en marzo de 2025.
¿Cómo es posible que un lugar con evidencia tan abrumadora pasara desapercibido para las fuerzas estatales y federales? La pregunta inevitable apunta a una mezcla de negligencia y corrupción que ha permitido al CJNG operar con impunidad en el corazón de Jalisco.
A nivel federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un reto colosal. Aunque la presidenta ha calificado los hechos como “terribles” y la Fiscalía General de la República (FGR) considera atraer el caso, la respuesta inicial ha sido tibia frente a la magnitud del horror. Este descubrimiento llega en un momento en que la actual administración aún no ha delineado un plan claro para combatir la violencia estructural del crimen organizado.
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La presión internacional no se hará esperar: las imágenes de restos calcinados y las historias de torturas extremas ya circulan en medios globales, exigiendo una rendición de cuentas que México no puede eludir.
Si la FGR no actúa con celeridad y transparencia, el caso podría convertirse en un símbolo de la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Las implicaciones para las autoridades también tocan el ámbito de la confianza pública. La intervención tardía de los colectivos de búsqueda, como Guerreros Buscadores, resalta una realidad dolorosa: son las familias de los desaparecidos, no el gobierno, quienes están asumiendo el riesgo de desenterrar la verdad. Esto erosiona aún más la legitimidad de instituciones como la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Guardia Nacional, que parecen superadas por la magnitud del problema.
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En un país donde más de 110 mil personas siguen desaparecidas, el rancho de Teuchitlán es una prueba tangible de que las estadísticas no son solo números, sino vidas perdidas por un sistema fallido.
Para las autoridades estatales y federales, este caso requiere una investigación exhaustiva que no solo identifique a las víctimas y castigue a los responsables directos, sino que también exponga las redes de complicidad que permitieron que este “campo de exterminio” operara durante años.
Teuchitlán no es solo un grito de las víctimas; es un ultimátum para un Estado que debe decidir si sigue siendo espectador del horror que lacera a los mexicanos o actúa para detener a las bestias criminales que comente este tipo de atrocidades.
