En Costa Rica, como en casi toda América Latina, buscar servicios de emprendedores locales en el sector turístico debería ser una tarea sencilla, resuelta en unos pocos clics. Sin embargo, lo que parece simple termina convirtiéndose en días de búsqueda con resultados poco alentadores y confusos. A simple vista, parece que existen pocos emprendimientos y servicios complementarios, pero basta caminar unas calles y conversar con los habitantes para descubrir que sí están ahí, ofreciendo alimentos, hospedajes, tours y experiencias que sostienen comunidades enteras. Muchos son liderados por familias, mujeres jefas de hogar o jóvenes que han decidido quedarse en sus territorios en lugar de migrar. Son ellos quienes, con esfuerzo y creatividad, aportan dinamismo a la economía local. No obstante, se encuentran a la deriva, golpeados por olas de burocracia y por un sistema que parece más preocupado en regular y gravar que en impulsar.
El primer obstáculo es la escasa alfabetización digital que arrastra el sistema educativo tradicional. La falta de competencias tecnológicas impide aprovechar soluciones disponibles en el mercado y limita la visibilidad de estos emprendimientos en la era digital. Cuando el turista no los encuentra en línea, se genera la falsa impresión de que no existen, condenándolos a la invisibilidad.
A ello se suman políticas públicas que, en lugar de impulsar, terminan por asfixiar: nuevos impuestos sobre transacciones digitales, gravámenes turísticos y restricciones sobre activos ociosos como habitaciones o vehículos. Todo esto eleva costos y borra el valor diferenciador que podría permitir competir frente a las grandes compañías. Paradójicamente, mientras los pequeños negocios se hunden en trámites, los cimentados en la corrupción avanzan con mayor respaldo, ocupando espacios que deberían ser del turismo comunitario.
En su ingenio y necesidad de sobrevivir, muchos emprendedores recurren a medios informales para atraer clientes o realizar transacciones, lo que conlleva riesgos mayores: exposición a estafas bancarias o infiltración de redes criminales que usan estos canales para lavado de dinero o cobros de extorsión. Así, el esfuerzo legítimo de un emprendedor termina siendo confundido con actividades ilícitas, generando desconfianza y perdiendo oportunidades.El panorama se agrava en un contexto donde las discusiones giran en torno a la gentrificación, la automatización, la migración forzosa y la brecha de género. Estas problemáticas se entrelazan y se sienten con fuerza en las poblaciones nativas de zonas turísticas, que observan cómo sus comunidades cambian aceleradamente sin que se respete su derecho al progreso ni su identidad cultural.
La pregunta es: ¿qué deberían hacer los gobiernos? La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Se requiere invertir en alfabetización digital desde edades tempranas, acompañar a los emprendedores en formación tecnológica, reducir la tramitología que frena la innovación y promover la digitalización como motor de competitividad. También urge un marco jurídico que garantice seguridad en las transacciones digitales y proteja a usuarios y emprendedores de fraudes.
De lo contrario, se seguirá arrojando anclas que, lejos de dar estabilidad, condenan a los pequeños negocios a encallar en la costa de los emprendimientos fantasma. Y con cada uno que desaparece, no solo se pierde una oportunidad económica, sino también una parte de la riqueza cultural y social que define a nuestras comunidades.
