La comparecencia reciente de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante la Cámara de Diputados —en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno— merece un análisis cuidadoso: no tanto por lo que dijo como por lo que demostró. Si bien no puede desligarse de las controversias que rodean al gobierno que representa, su paso por San Lázaro dejó destellos de apertura, diálogo y —sobre todo— respeto hacia los representantes de la soberanía nacional.
Desde que comenzó la glosa, quedó claro que esta instancia no sería solo una formalidad protocolaria, sino un momento para dar señales políticas. En este contexto, el hecho de que la titular de Gobernación se haya presentado personalmente ante el pleno —asumiendo preguntas, escuchando críticas y defendiendo líneas de política pública— debe leerse como una señal de disposición al diálogo con el Legislativo.
Ese gesto —una Secretaría que baja al recinto — envía un mensaje importante: el Ejecutivo reconoce la órbita política del Congreso, no como simple trámite, sino como interlocutor necesario en la construcción y legitimación de las políticas de Estado.
Ciertamente, no todo puede resumirse en buenas intenciones. Durante la comparecencia, diputados del PAN interrogaron sobre lo que llaman huachicol fiscal, señalamientos contra hijos del expresidente y presuntas redes de corruptela vinculadas a la Secretaría de Marina. Rodríguez respondió defendiendo la estrategia del sexenio anterior, negando que haya persecución política y asegurando que “no hay margen para la impunidad”.
Aquí radica un punto crítico: el contraste entre el saludo institucional y el contenido. Que se abra el micrófono y se permita la confrontación es plausible. El respeto no se mide solo en la cortesía, sino en la capacidad de atender con sustancia las demandas, sin evadir los temas centrales.
En su exposición, la secretaria enfatizó que no habrá impunidad, que las sanciones llegarán “sin importar el rango” y que el gobierno no persigue opositores ni censura voces críticas. Apeló también a la grandeza de México, afirmando que la administración no es represiva ni tolera persecuciones.
Esta narrativa institucionalista busca reforzar la idea de que el nuevo gobierno toma las riendas con pulcritud y responsabilidad. Esa apuesta —valiente en términos retóricos— solo podrá ser creíble si, además del discurso, vienen hechos verificables: investigaciones transparentes, rendición de cuentas clara y resultados tangibles en combate a la corrupción.
Lo más valioso de esta comparecencia fue que el Ejecutivo aceptó el sitio público del debate. Pero en esa apertura habita una tensión inevitable: exponer políticas, estrategias y errores ante críticas duras. No hay garantía de que el Ejecutivo salga siempre bien parado —y no debería esperarse eso. Pero el hecho de permitir el cruce es un avance democrático.
Claro está: esa apertura también obliga. Obliga al gobierno a sostenerlo con transparencia, a no refugiarse en consignas, a no descalificar al interlocutor solo por sus colores políticos. El respeto a los diputados como representantes del pueblo exige reciprocidad: que ellos también ejerzan con responsabilidad su función de vigilancia y crítica.
En el balance, la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez ante diputados puede calificarse como una apuesta de Estado por reavivar canales institucionales. Fue más que una rendición de cuentas: fue un gesto simbólico de que el Poder Ejecutivo —o al menos una parte de él— desea reconocerse sujeto a escrutinio.
No es poca cosa, en tiempos donde con frecuencia los altavoces del poder evitan el roce público.
@jlcamachov
