El primer Paquete Económico de la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje claro: se acabaron los privilegios para sectores históricamente sensibles. En medio de este nuevo orden, la industria del entretenimiento y el juego legal ha levantado la mano no para pedir excepciones, sino para exigir certeza jurídica. Se trata de un sector que genera más de 60 mil empleos directos, 180 mil indirectos y que beneficia a más de 200 mil familias en todo el país. Con 423 casinos operando en 30 estados bajo la regulación de la Secretaría de Gobernación, y más de 13 mil millones de pesos aportados en impuestos anualmente, su aportación a la economía es innegable, pero también es claro que con una regulación actual y consciente de los cambios en el esquemas de juego puede aportar aún más a las arcas.
A través de organizaciones como la AIEJA, que encabeza Miguel Ángel Ochoa, el sector lleva años solicitando una actualización urgente de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947. Esa ley fue escrita para otra época y hoy representa una camisa de fuerza que limita el crecimiento ordenado de una industria que ha evolucionado radicalmente, sobre todo con la irrupción del juego en línea y las plataformas digitales. Mientras la tecnología avanza, el marco legal permanece estancado, dejando espacio al juego ilegal que hoy representa más del 60% de las operaciones en línea.
La falta de reglas claras no solo perjudica a los operadores formales que sí pagan impuestos y cumplen la ley, también pone en riesgo a los usuarios y reduce la capacidad del Estado para generar ingresos legítimos. Entre 2019 y 2024, el mercado de apuestas online en México pasó de 600 millones a 2,700 millones de dólares, y se estima que superará los 3 mil millones este año. Pero buena parte de ese flujo ocurre en la opacidad, con operadores extranjeros que no rinden cuentas a ninguna autoridad mexicana. De hecho, expertos del sector calculan que una ley actualizada podría duplicar los ingresos fiscales, especialmente si se logra incorporar al marco legal este segmento digital.
Frente a este escenario, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha mostrado apertura y compromiso para construir una nueva legislación que contemple tanto la innovación tecnológica como las exigencias éticas y sociales del sector. Reuniones sostenidas con líderes gremiales como AIEJA y la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos (APPJSAC) han dado señales positivas. El objetivo no es frenar a la industria, sino acompañarla con reglas modernas, equitativas y que promuevan la transparencia.
El reto está ahora en manos de las autoridades, Congreso y Gobierno Federal, que debe traducir ese consenso en una ley que combata el juego ilegal, dé certidumbre al sector formal y proteja al consumidor. La oportunidad está sobre la mesa: regular para crecer y para aportar más. Si se logra, México podría convertirse en referente regional de una industria que, bien encauzada, puede ser motor de desarrollo económico, turismo e innovación tecnológica.
En ese contexto, el momento político actual es clave. Con voluntad, diálogo y visión, esta industria podría dejar atrás el estigma de la irregularidad y avanzar hacia un modelo de negocios legítimo, competitivo y rentable para todos.
Diálogo en comercio exterior
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que agrupa a más de 800 agentes en todo el país, sostuvo por primera vez un encuentro con senadores y diputados en el Senado de la República, en el marco de “LegislAA México”. En el evento, que contó con la participación de los presidentes de las 38 asociaciones que integran el organismo, se instalaron mesas de trabajo sobre aduanas fronterizas, marítimas e interiores, con la participación de legisladores y autoridades del SAT. El presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó que los agentes aduanales son aliados estratégicos para la competitividad del país y reiteró su compromiso con la modernización del comercio exterior en un contexto donde la agenda de Claudia Sheinbaum contempla una reforma a la Ley Aduanera y fortalecimiento del T-MEC.
Reglas claras para pesados
La industria de vehículos pesados en México representa uno de los pilares estratégicos de la economía nacional. Su impacto no se limita a la exportación: genera empleos, fortalece cadenas de proveeduría y sostiene la competitividad de sectores productivos que dependen del transporte de carga y pasajeros. Frente a este papel esencial, la iniciativa de ley para proteger a las industrias estratégicas cobra relevancia al buscar reglas más claras y aranceles definidos para frenar la competencia desleal de productos importados desde países sin tratados comerciales con México. La ANPACT, de Rogelio Arzate, respalda esta propuesta, al reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, y de Luis Rosendo Gutiérrez Romano en Comercio Exterior. Y es que se trata de garantizar un marco regulatorio transparente y equitativo que otorgue certidumbre a la inversión y evite que la industria instalada en el país se vea debilitada por prácticas desiguales en lo fiscal, técnico o ambiental. Un “piso parejo” no es un capricho, sino una condición indispensable para asegurar la competitividad del sector.
