En México, el término huachicol suele evocar imágenes de tomas clandestinas, pipas perforadas y comunidades enteras viviendo del robo de gasolina. Sin embargo, hay un tipo de huachicol menos visible, más sofisticado y devastador para las finanzas públicas: el huachicol fiscal, el contrabando de combustibles disfrazado de operaciones legales que se cuela por las aduanas como un fantasma.
Este delito no implica perforar ductos, sino manipular documentos. Empresas, transportistas y funcionarios corruptos declaran que están importando productos exentos de impuestos —como aceites o lubricantes—, cuando en realidad se trata de gasolina o diésel que deberían pagar gravámenes millonarios. El fraude es tan rentable como peligroso: erosiona la recaudación, alimenta redes criminales y debilita la confianza en las instituciones.
La magnitud del problema quedó al descubierto en marzo, cuando un operativo federal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, llevó al aseguramiento de más de 10 millones de litros de diésel que habían sido declarados como productos exentos de impuestos. La embarcación, identificada como Challenge Procyon, era parte de una operación compleja que involucraba rutas marítimas, funcionarios corruptos y empresarios con conexiones estratégicas.
Este domingo, las autoridades federales revelaron los nombres y perfiles de catorce detenidos, quienes, según la investigación, integraban una red de tráfico y traslado ilegal de hidrocarburos. Entre ellos se encuentran personajes de alto perfil: un vicealmirante en activo de la Secretaría de Marina, el exjuez del mediático caso “Los Porkys”, además de varios empresarios vinculados al sector energético y logístico.
Este caso expone una vez más la profundidad de la corrupción en áreas estratégicas, donde la línea entre el crimen organizado y el aparato institucional parece difuminarse.
A mediados de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de reformas para blindar el sistema aduanero, fortalecer el SAT y, sobre todo, utilizar tecnología para rastrear cada litro de combustible importado.
La apuesta no es solo punitiva. La estrategia incluye mayor supervisión digital, cruces de información en tiempo real y sanciones ejemplares para quienes participen en estas redes.
Al golpe de marzo se suman otros aseguramientos recientes, como el decomiso de casi cuatro millones de galones de combustible robado en Coahuila, el más grande en lo que va de esta administración
Sin embargo, estas detenciones quiza solo sean la punta del iceberg. El verdadero desafío está en reformar el sistema que permite que estas redes operen. Si no se fortalecen los controles internos y la supervisión digital, los grupos delictivos encontrarán nuevas formas de adaptarse.
El huachicol fiscal no solo afecta a Pemex o a la Hacienda pública; golpea directamente a la ciudadanía. Cada peso que se evade en impuestos es un peso menos para hospitales, carreteras o programas sociales, así se supone que tendría que ser.
Además, estas redes suelen estar vinculadas a otros delitos, como lavado de dinero y tráfico de armas, lo que las convierte en una amenaza para la seguridad nacional.
Frenar este fenómeno requiere algo más que operativos espectaculares. Demanda voluntad política sostenida, transparencia en las aduanas y castigos ejemplares que rompan el ciclo de complicidades.
El huachicol fiscal es, en esencia, un robo silencioso. Detenerlo no es solo una cuestión económica: es una batalla por el Estado de derecho.
