Dentro del maremágnum de acciones y noticias que estamos viviendo, por la agresión verbal y real que sufrimos por parte del gobierno de Estados Unidos, hay una serie de acontecimientos que vale la pena tomar en consideración. No deberían interesar solo a los académicos o a los medios de comunicación, sino también a las autoridades, para evitar hacer el ridículo, como sucede con el caso de la desinversión en PEMEX por parte del Fondo de Pensiones Global del Gobierno de Noruega.
Este fondo solía ser y sigue siendo uno de los más importantes del mundo y, se dice, el más rentable. Según la clasificación de activos, el primer lugar lo ocupa el Fondo de Desarrollo China-África, con 2,750 mil millones de dólares; el noruego se encuentra en cuarto lugar con 1,555 mil millones de dólares, según la información disponible.
De acuerdo con los datos que proporciona el mismo fondo, cuenta con un Consejo de Ética cuyos miembros son propuestos por el banco y designados por el ministro de Finanzas. Reciben un salario y permanecen en el cargo durante cuatro años. Cada año deben presentar al ministro un informe sobre sus actividades.
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A lo largo de los años ha desinvertido en decenas de empresas por diversas razones. Al revisar la información surgen como las causas principales: fabricación de tabaco, producción de armas, carbón o por daños ambientales. Sin embargo, solo en dos casos la desinversión ha sido por motivos de corrupción. Uno es en la empresa inglesa Petrofac, que fue puesta en observación durante tres años. El otro es PEMEX, en el cual la decisión fue desinvertir sin dar la opción de revisión a los tres años debido a la “grave corrupción” presente en la institución; en inglés, se refieren al caso como gross corruption.
Si se lee con atención el documento público de 32 páginas, se obtiene desde fuera una fotografía clara y con datos duros de la historia de corrupción en nuestra principal empresa pública durante el periodo 2004-2023, es decir por cierto, bajo los tres últimos gobiernos de diferentes partidos. Desde la primera página se indica claramente que PEMEX no ha aportado con suficiente transparencia información sobre posibles actos de corrupción y otras irregularidades financieras. Incluso se menciona que para los periodistas que investigan estos temas, obtener información es extremadamente difícil.
La recomendación del Comité de Ética está bien estructurada y presenta datos concretos sobre la corrupción a lo largo de los años, muchos de ellos públicos. Lo más preocupante es que, incluso durante el régimen anterior, que presumía de poner fin a la corrupción, hay casos que demuestran que en este ámbito también se falló. Un ejemplo claro es el caso de la empresa neerlandesa Vitol, que aceptó pagar 135 millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos y Brasil por los sobornos entregados. La información pública que se tiene afirma que parte de estos sobornos fueron entregados a empleados de PEMEX, y hasta la fecha no se sabe qué ha hecho México al respecto. Llama la atención que nuestro país no recibió, ni intentó obtener, una parte de esa multa, como sí lo hizo Brasil.
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Podríamos seguir reproduciendo hechos mencionados en la recomendación, pero lo más importante sería que la secretaría de Estado encargada de combatir la corrupción —que, como es tradicional, cambia de nombre cada sexenio, aunque la corrupción persiste— tome acciones concretas.
Da pena y risa, el comunicado de PEMEX sobre el tema, en el cual incluso se elogian a sí mismos. Si no tuvieran que proteger al pasado reciente, sería muy conveniente que actuaran. Todavía hay casos en los que los posibles actos de corrupción no han prescrito.
Eso sí sería una verdadera demostración de cambio y, sobre todo, de buen gobierno.
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