El Banco Mundial publicó el mes pasado un informe económico sobre América Latina y el Caribe, titulado en inglés LACER. El documento contiene dos capítulos: el primero referido a los aspectos económicos de la región y diversos temas; el segundo se titula Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, lo que da a entender que ambos temas están estrechamente ligados.
El informe inicia con una apreciación negativa: “Las perspectivas para la región de América Latina y el Caribe se han vuelto más inciertas, a medida que los modestos avances en el frente interno se ven afectados por un escenario externo más difícil”.
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Destaca los avances habidos en el combate a la inflación, aunque advierte que, en conjunto, se espera un crecimiento magro de cuando mucho un 2.1%, sobre todo gracias a la recuperación de Argentina. En uno de los cuadros que muestran la perspectiva de crecimiento de los países de la región, los estimados para nuestro país, una vez más, son pobres: para este año se prevé un crecimiento del 0%, el más bajo de todos; para 2026 un crecimiento del 1.1%, y para 2027 del 1.8%, ubicándonos entre los tres países de la región con menor crecimiento.
En otro cuadro menciona que el costo de la deuda es de los más altos y que absorbe gran parte del gasto público, lo cual limita la inversión. La conclusión del capítulo es clara: el crecimiento económico sigue estando rezagado.
El segundo capítulo plantea que el crecimiento del crimen organizado ha sido impresionante. En 2023, doce países de la región figuraban entre los 50 primeros a nivel mundial en materia de criminalidad, de acuerdo con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Nuestro país ocupó el lamentable tercer lugar; solo superado por Myanmar y Colombia.
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El informe destaca que, además de la pobreza y la desigualdad reinantes, factores como la pandemia de COVID-19 contribuyeron a la expansión del crimen organizado, debido a la desatención en muchas comunidades; a ello se suman la falta de oportunidades, la debilidad institucional y las deficiencias en los sistemas de justicia.
Se identifican cuatro características centrales del crimen organizado en la región: el control territorial, donde Colombia, México, Brasil, Ecuador y Venezuela se destacan por las porciones del país que están bajo dominio criminal, en algunos casos de forma total; la gobernanza criminal, ya que estos grupos imponen sus propias reglas y los gobiernos locales y las policías, por su incapacidad de combatirlos, permiten que operen con impunidad llegando, incluso, a impartir justicia entre la población; la extorsión, ejercida a través del cobro de “impuestos” a las actividades comerciales en los territorios bajo su dominio, mencionando el caso de El Salvador, donde los “maras” extorsionaban al 80 % de los negocios; y finalmente, la captura del Estado, gracias a la habilidad de esos grupos para manipular a actores estatales de todos los niveles, desde el control de elecciones hasta la eliminación física de candidatos incómodos.
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Nuestra región se distingue tristemente por ser la más violenta del mundo. Para el Banco Mundial, el eslabón más débil de toda la cadena son los sistemas de justicia; la mayoría de los crímenes no se investigan ni se juzgan, debido a la falta de capacidad institucional. El informe cita estadísticas del Proyecto de Justicia Mundial donde, con la excepción de Chile, Costa Rica y Uruguay, el resto de los países ocupamos los últimos lugares; México, por ejemplo, se ubica en el penúltimo lugar en materia de investigación criminal efectiva.
Creo que el documento refleja fielmente la realidad de nuestra región y la urgencia de avanzar en la lucha contra el crimen organizado, así como en la mejora de los sistemas de justicia, más allá de si sus integrantes son elegidos por votación popular.
